Lo resolvió ayer el juez federal, Francisco Miño, al concluir que "existe un estado de sospecha suficiente" para citarlos a prestar "declaración indagatoria" a todos ellos, luego de que un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) los imputara como supuestos "cómplices primarios" de las maniobras del dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.
El ex ministro de Hacienda de Carlos Reutemann y ex presidente del Mercado de Valores, José María Candioti, está citado para el jueves 14 de marzo, a las 11.30. Pero antes y después, pasarán por el mismo Tribunal dos allegados al jefe de Cambiemos en la provincia, José Corral: su ex secretario de la Producción, Pablo Tabares, el martes 12 de marzo, a las 11.30 y el contador Germán Huber, el jueves 21 de marzo, a las 9. Huber era vocal y presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia hasta 2018, pero hace dos meses Corral propuso su pase al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe. Mientras que Tabares es el director de la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior del gobierno de la ciudad.
Antes de ordenar las 19 indagatorias, el juez Miño rechazó el último planteo de las defensas que pidieron la "nulidad absoluta" del dictamen de Procelac y del pedido de indagatorias del fiscal Rodríguez. En el incidente, el magistrado les dio la razón al fiscal y a las querellas que coincidieron en la falta de "motivación" del recurso. Es más, uno de los abogados querellantes, Enrique Muller, lo consideró una "maniobra dilatoria" y hasta se permitió ironizar sobre el intento de "declarar la nulidad por la nulidad misma".
El juez Miño concluyó que "no se había producido" ninguna "violación a garantías constitucionales ni de las formas esenciales del procedimiento, como tampoco un perjuicio real y concreto para los imputados". Por lo tanto -dijo el magistrado- "no existe ninguna causa" para anular el dictamen de Procelac y el pedido de indagatorias. Y así lo resolvió.
La prueba clave de la investigación -que el fiscal Rodríguez aportó a principios de setiembre- es el "informe de asistencia técnica" de la Procelac, que firma el jefe del área y fiscal general, Gabriel Pérez Barberá, y su número dos, la fiscal María Laura Roteta. La "conclusión" del dictamen es que los ex directivos del Mercado de Valores del Litoral "tenían un deber especial de controlar la actividad" de Rossini. "El incumplimiento reiterado de esos deberes de control dio lugar a un aporte sin el cual los delitos no se habrían producido en su configuración concreta". En consecuencia -sostiene el documento-, "estas personas deben ser responsabilizadas" como supuestos "cómplices primarios" de las maniobras que se investigan en la causa.
Ya en mayo de 2014, el fiscal Rodríguez había solicitado la indagatoria de trece ex directivos del Mercado de Valores, entre ellos Candioti y Pablo Tabares. Pero el juez Miño las desestimó por considerar que "hasta ese momento no existían elementos suficientes para arribar a la sospecha necesaria" para indagarlos.
La situación cambió en setiembre, cuando el fiscal Rodríguez aportó el informe de Procelac y pidió las 19 indagatorias que sugerían sus colegas Pérez Barberá y Roteta: las trece que ya había solicitado en 2014 y seis más, entre ellas la de Huber.
Ahora, el juez Miño consideró que "a la luz" de las pruebas y del "estado actual" de la causa "existe un estado de sospecha suficiente para citar a prestar declaración indagatoria" a los 19 ex directivos del Mercado de Valores.
Fuente: Rosario12