Un grupo de mediadores se manifestaron esta mañana en plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno, para pedir la derogación del decreto 4036 que modifica la ley 13.151/11 “atentando contra la existencia misma de la Medicación Prejudicial”.

“Esta norma perjudica a la ciudadanía en general ya que en los hechos la práctica de este tipo de mediación no va a ser posible. Creemos que la ciudadanía debe conocer el perjuicio que le causará la implementación de esta norma” señaló Silvina Francezon, representante de los mediadores.

Además, en un petitorio dirigido al gobernador Miguel Lifschitz, los profesionales señalan que “la población conoce los beneficios de la Mediación en tanto evita la ruptura de las relaciones y permite el diálogo entre las personas involucradas en situaciones problemáticas y conflictivas”.

“Rechazamos este decreto 4036/18, solicitando su derogación para evitar que la provincia de Santa Fe retroceda en uno de los logros que venía teniendo en la construcción de convivencia pacífica” agregaron los mediadores.

Las reformas a la mediación prejudicial

El gobierno provincial, a través de una resolución emitida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, creó una comisión de implementación de las nuevas disposiciones sobre mediación prejudicial contenidas en el decreto Nº 4036.  Esta norma, que fue dictada por el gobernador Miguel Lifschitz el 17 de diciembre, fija nuevos criterios en relación al sistema.

El objeto de la comisión es optimizar el proceso de puesta en funcionamiento de las modificaciones que plantea el decreto. Estará integrada por los secretarios de Justicia y de Coordinación Legal y Políticas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por dos representantes de cada una de las cinco circunscripciones de los Colegios de Abogados de la provincia, de los cuales uno debe ser mediador.

La Comisión deberá proponer criterios y pautas destinados a optimizar la implementación y la aplicación de las reformas al sistema de mediación prejudicial obligatoria en un plazo de seis meses desde su efectiva conformación. Las conclusiones a las que arriben los distintos actores en este espacio deberán ser aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El titular de la cartera provincial explicó que “se estima oportuno y conveniente generar una instancia para promover el diálogo, la concertación y el consenso”. En ese sentido, ya se han ido realizando reuniones con representantes de los Colegios de Abogados y con mediadores “en las que se ratificó el consenso en implementar sistemas de encuestas y obtención de información relevante para trabajar en una mejor gestión de calidad, no en calificaciones individuales para cada mediador o comediador”, reveló el ministro Silberstein.