"El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática", señala el decreto firmado por Lifschitz.

La llamada Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El proyecto de ley indica que "las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones", y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia.

"Con estas dos medidas estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres", afirmó el gobernador.

Protocolo de acción

Por otra parte, se establece un protocolo de acción, por el cual la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída personalmente por parte de la autoridad administrativa correspondiente.

La persona afectada será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. Asimismo, se le garantizará la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.

El Protocolo será de aplicación para los agentes públicos, el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas, personal docente, policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete.

"El protocolo se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género y fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género", indica el decreto.

Además, se establece que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será la jurisdicción encargada de la recepción y trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales, conforme al Protocolo aprobado en el artículo precedente.

Procedimiento

Las personas que se consideren afectadas o que sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y/o pedir asesoramiento. La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias, y si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente.