El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, reclamó este martes que sólo se tenga en cuenta la variación de los precios mayoristas y pide que se consideren otros índices como la variación salarial y los reajustes previsionales.

Ese reclamo, lo hizo en la audiencia pública, y en el marco de un reproche más amplio: “que sean consideradas” por las autoridades las argumentaciones de quienes participan en las audiencias públicas en las que se ventilan las pretensiones de aumentar tarifas, en este caso en el servicio de gas. “Vemos que se reiteran muchos de los planteos de los oradores, situación indicativa de que no se estarían tomando medidas con efectos reales para los usuarios”, lamentó al hablar en la audiencia que se realizó en el centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas.

Si bien las audiencias no son vinculantes son un requisito legal que la Corte Suprema ha ratificado como paso insoslayable para las empresas, fue lo argumentado por el ombudsman santafesino en la audiencia pública número 98 en la que esta mañana se consideró el traslado a tarifas del precio de gas, en virtud que representa el 44% de la factura que paga el usuario. El traslado del precio del gas fue uno de los puntos de la audiencia, el otro lo fue la actualización de las tarifas correspondiente a la distribución (Litoral Gas).

“Respecto a la subasta para la compra de gas de las distribuidoras, el precio promedio fue de USD 4,62 por millón de BTU lo que implica un incremento del 15% en dólares aproximadamente, lo que sería indicativo que el mecanismo pone en duda uno de los objetivos señalados que es el de resguardar los intereses de los usuarios y conlleva un riego de cartelización del precio. Por lo expuesto, e independientemente de la subasta, pedimos que el Estado no se aparte definitivamente en la fijación de los precios del gas”, reclamo Lamberto.

También pidió que se explique “por qué el precio que pagan las distribuidoras es superior al precio del gas que se exporta a Chile; la importación de gas para los meses de mayores consumo, términos de la renegociación del acuerdo con Bolivia, precio de importación y cuánto GNL se prevé importar y a qué precio” y se aclare el Programa Estimulo a la producción vigente has fines del 2021 al que ya noviembre de 2017 él mismo cuestionó el precio incremental de US$ 7,32 acordado en el Plan Gas. 

“Básicamente se establece un valor mínimo para remunerar la producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales, al que se le restará el precio efectivo, calculado en función del precio de venta correspondiente a la producción de gas. Ese Precio Mínimo fue de 7,50 USD/MMBTU en 2018, 7,00 USD/MMBTU para el 2019, 6,50 USD/MMBTU para el 2020 y 6,00 USD/MMBTU para el 2021”, señaló el Defensor para señalar el conflicto que existe entre productores y el Estado sobre los montos de subsidios.

Se preguntó entonces Lamberto qué pasó que el programa carece de tales precisiones.

“En cuanto a las tarifas decimos que no solo se estaría incumpliendo lo trazado por la Corte Suprema sino también lo establecido por la ONU en la Agenda 2030. El objetivo 17 reza: “El acceso universal a la energía es esencial”. Esto nos lleva al concepto de pobreza energética que en nuestro país se da en sus dos facetas: 1) como un problema de sobreesfuerzo o capacidad de pago de las facturas de la energía, y 2) como un problema de acceso a fuentes de energía modernas como gas o electricidad. Además de las consideraciones previas, respecto a Litoral Gas S.A. decimos que la aprobación de la RTI con el aumento escalonado en tres partes de 30%, 40% y 30% y las actualizaciones semestrales no tuvieron como contrapartida un mejor servicio a los usuarios santafesinos. 

Un tema particular para nuestra provincia y que preocupa es la falta de inversión en obras de seguridad y confiabilidad de la red de gas natural. En respuesta a reciente pedido de información cursado por nuestra Defensoría a ENARGAS no se observan obras de importancia en ese sentido a pesar que el marco regulatorio ordena que: “Los sujetos activos de la industria del gas natural están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública”.