Cuando se cumplen once meses de crisis política en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se comprometió a liberar en un plazo no mayor a 90 días a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril.

La OEA a cambio, se comprometió a destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega y funcionarios cercanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La noticia genera muchas expectativas, en momentos en los que Ortega está sometido a una fuerte presión internacional. 

La decisión de liberar paulatinamente a los detenidos se dio tras las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, quien participaría como observador internacional en la mesa de negociación, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

 El 15 de marzo, Almagro envió una carta al canciller Denis Moncada en la que informaba de que la OEA estaría dispuesta a participar en las conversaciones solo si se liberaba a todas las personas consideradas como presos políticos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que publicó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Nicaragua. 

Ayer por la tarde el Gobierno dio a conocer la que será la agenda de negociación con la opositora Alianza Cívica, que incluye temas que hasta ahora Ortega no estaba dispuesto a discutir, entre ellos las reformas electorales. 

Aunque en el documento oficial no se menciona adelanto de elecciones, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a EL PAÍS que ese será un tema prioritario en las conversaciones. “Para el Gobierno está claro que ese es el punto importante, el adelanto de elecciones, pero no quisieron ponerlo porque es muy fuerte para ellos admitirlo”, dijeron estas fuentes. 

Entre los temas de agenda también está “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, en un país donde las protestas están ilegalizadas por el el gobierno desde septiembre del año pasado y cualquier indicio de manifestación es sofocado con violencia, como quedó demostrado el sábado, cuando la policía, apresó a más de 160 personas que pretendían participar en una marcha para exigir la liberación de los detenidos. 

La agenda acordada, además, incluye un punto denominado “verdad, justicia, reparación y no repetición”, aunque no queda claro qué condiciones establecerá Ortega para negociar el tema de la justicia para las víctimas de la represión, que son 325 muertos constatados por la CIDH. 

Los familiares temen que se produzca una amnistía que deje en la impunidad estos crímenes. El analista político Eliseo Núñez dijo que Ortega buscaría una amnistía para él y su entorno. Los familiares de los detenidos reaccionaron con júbilo a la noticia de la liberación. Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

. Representantes de esta agrupación se reunieron con el nuncio Sommertag y le pidieron que transmitiera al Gobierno sus inquietudes sobre cómo debería darse la libertad de los encarcelados: “Tiene que ser con la lista de la CIDH, cotejada con nosotros, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y con calendarios de entrega”. 

El Comité calcula que hay 802 presos políticos, incluyendo los más de 160 que han sido liberados por Ortega como gesto para iniciar las negociaciones con la oposición. 

A esas personas, sin embargo, se les cambiaron sus medidas cautelares en lo que Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”, pero, según dijo Esquivel, siguen estando “secuestrados” por el gobierno.