El PJ nacional amenazó con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que designe veedores internacionales que fiscalicen las elecciones Primarias Abiertas y las generales en caso de que el gobierno no ofrezca las garantías correspondientes ante la utilización de un nuevo sistema de recuento provisional electoral.
El pasado 9 de abril, el apoderado del justicialismo, Jorge Landau, realizó una presentación ante la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior a cargo de Adrián Pérez, solicitando información técnica detallada respecto al equipamiento y al software de transmisión contratado para ser utilizados durante las elecciones Primarias Abiertas a celebrarse el 11 de agosto y en los comicios Generales del 27 de octubre próximo, y solicitó además, la realización de una prueba operativa piloto de todo el sistema desde una escuela, entre otros ítems.
Fue ante la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional que en la tarde de ayer, Landau volvió a reiterar el pedido de pronto despacho a esa notificación.
Cabe recordar que mediante una cuestionada licitación, el Gobierno contrató a la polémica firma venezolana Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software para la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas en las elecciones de 2019.
"Veremos que es lo que el gobierno responde a nuestro pedido y si las cosas están claras, no habrá problemas, pero como el accionar del Ejecutivo nacional está plagado de situaciones poco claras, si no le otorga transparencia a los comicios, vamos a pedir la presencia de veedores internacionales", señaló Landau.
Pero además, el PJ nacional está analizando hacer en los próximos días una presentación ante el Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral, a cargo de María Romilda Servini, pidiendo la inconstitucionalidad y posterior derogación, del decreto 259/19 firmado por el presidente Mauricio Macri mediante el cual eliminó las listas colectoras por considerar que generaban "confusión en el electorado".
Otro tema que el peronismo tiene pendiente en el juzgado de Servini, es el referido al pedido de inconstitucionalidad y derogación del decreto 45/2019 mediante el cual el Gobierno habilitó la posibilidad de que los argentinos residentes en el extranjero puedan votar por correo.
"Ahí lo que cuestionamos es que no haya presencia de autoridades de mesa cuando se emite ese sufragio, lo que los partidos políticos consideramos como irregular", señaló Landau, quien agregó que todos estos cambios se llevaron adelante sin la participación del Congreso y en año electoral, algo que las normas vigentes prohíben.