Según el estudio, realizado por el Departamento de Estudios y Estadísticas de la gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el 4to Trimestre del 2017 (período octubre-diciembre) se registró el ingreso de 3.483 expedientes por accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, mientras que en el mismo período pero del 2018 el número de trámites se elevó a 4.159, lo que representa un incremento del 19,4%.

Al realizar una evaluación interanual de enero a diciembre del 2017 contra enero a diciembre del 2018, se observa un crecimiento del 3%. De 14.526 casos registrados se pasó a 14.947, en ese mismo período.

En el mismo período analizado, el informe de la SRT revela que a nivel nacional la litigiosidad se redujo un 40% promedio y que esa baja también se reflejó en la mayoría de las provincias que adhirieron a la Ley 27.348 que reformó el sistema de riesgos del trabajo e incorporó a las comisiones médicas como la instancia administrativa, previa, excluyente y obligatoria en el reclamo de un trabajador por un accidente laboral o una enfermedad profesional.

El ranking de provincia donde más disminuyó la litigiosidad muestra a Córdoba en el primer lugar con un 74% menos de nuevos expedientes. Le siguen Ciudad de Buenos Aires (-63,7%); Mendoza (-54,3%) y provincia de Bs As (-16.7%). Estas cuatro provincias representan el 63% de los trámites que se registran y el 81% de la judicialidad contra el sistema.

En tanto, Santa Fe mantiene una de las alícuotas más altas del país: 4,06%. En enero de este año el valor promedio a nivel nacional fue de 2,78. Por esa baja en las alícuotas en el país, en el último año, las empresas ahorraron más de $25.000 millones.

En contraste, las provincias denominadas grandes por el nivel de actividades económicas, registraron promedios significativamente menores: Ciudad de Buenos Aires 2,16%; provincia de Buenos Aires 3,32%; Mendoza 3,37% y Córdoba 3,42%.  Estos cuatros distritos, a diferencia de Santa Fe, ya adhirieron a la Ley 27.348 de riesgos del trabajo, sancionada en febrero del 2017 por el Congreso de la Nación. En conjunto, las cinco provincias concentran el 93% de la litigiosidad total del sistema y el 77% de la siniestralidad.