Esta Carta Apostólica fue publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 9 de mayo pero entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2019 y posteriormente será publicada también en la “Acta Apostolicae Sedis”. 

El Santo Padre estableció que estas normas han sido aprobadas “ad experimentum” por tres años. En la Vos estis Lux mundi, el Papa Francisco describe las normas que se aplican en el caso de informes relativos a “clérigos o miembros de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica”. 

En concreto, estas nuevas normas regulan los casos en dos ámbitos. El primero, cuando se “obliga a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realiza actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable y producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas”. 

Por otro lado, este Motu propio regula los encubrimientos de las denuncias, es decir, las “acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso” con respecto a delitos señalados anteriormente. 

Según señaló el director editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli, entre las novedades previstas en estas normas se encuentra “la obligación para todas las diócesis del mundo de contar para junio de 2020 con ‘un búsqueda personalizada  para las quejas en cada diócesis”.

En esta línea, el artículo 2 del Motu propio indica la obligación de establecer antes de junio de 2020 “uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico” y solicita a las Diócesis  informar al Representante Pontificio sobre la institución de estos sistemas. 

De este modo, y de acuerdo a lo que explicó Tornielli, el Papa quiere con estas normas “que las personas que han sufrido abusos puedan recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas, que estarán protegidas de las represalias y que sus informes serán tratados con la máxima seriedad”. (ACIprensa)