Profesionales de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se reunieron con referentes de las automotrices por la situación de los consumidores de autoplanes que no pueden pagar las cuotas debido a los aumentos vinculados a la situación económica del país.

En esta ocasión se hizo hincapié sobre tres puntos en particular, el primero ellos vinculado a evitar las ejecuciones de los vehículos y el paso a instancia legal de la deuda y la intimación a las garantías, el segundo referido a la contratación del seguro y el tercero a la posibilidad de aplicar un diferimiento de parte de la cuota, para lograr un equilibrio.

En cuanto a frenar la ejecución de los vehículos y pasar a legales a los adquirentes de planes morosos así como la intimación a las garantías, las automotrices plantearon que abordarán esos casos en forma individual siempre y cuando hayan hecho un planteo previo en cualquier oficina de la Defensoría del Pueblo y/o Defensa del Consumidor.

En lo referido a la contratación de seguros, las automotrices afirmaron que ante cada adjudicación de vehículos se le debe dar la opción al titular del vehículo entre un mínimo de cinco compañías de primera línea y los precios no deben tener ningún tipo de variación con respecto a los vigentes en el mercado.

Por último, se abordó la posibilidad de aplicar un diferimiento en la cuota. Sobre este punto los representantes del sistema financiero se opusieron señalando que perjudicaría a los integrantes del grupo que optan por pagar la cuota completa.

Los representantes de la Defensoría del Pueblo insistieron en la necesidad de encontrar propuestas que den respuesta en forma colectiva y no en forma individual y señalaron que continuarán trabajando en este sentido.

También remarcaron que las cuotas deben ser acordes a la capacidad de pago hasta tanto haya una recuperación de la situación económica, dado que ello también aporta a la confiabilidad del sistema, al hacerlo previsible.

Y, por último, observaron que la mitad del valor de las cuotas corresponde a gastos administrativos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo cuestionó el incumplimiento del deber de información al momento de la venta de las unidades y, posteriormente, cuando ocurre su adjudicación.