El secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, y el fiscal general Jorge Baclini, entregaron este viernes a siete víctimas de secuestros virtuales una reparación económica con fondos obtenidos del remate de bienes decomisados. El monto total del resarcimiento asciende a un millón y medio de pesos y es inédito a nivel nacional.

El acto se realizó en el salón Dorrego de la sede de Gobierno en Rosario, ciudad en la que se produjeron los hechos, todos cometidos por la misma banda. A los damnificados ya les fue devuelta casi la mitad del monto de la estafa.

“Desde el gobierno provincial tomamos como política de Estado avanzar contra las organizaciones criminales vendiendo sus vehículos, debilitándolos, y ese dinero lo usamos para resarcir a las víctimas”, señaló Figueroa Escauriza. 

“En esta causa emblemática, que investiga la estafa a personas de más de 80 años en la modalidad de secuestros virtuales, lo hicimos por segunda vez. La anterior fue en febrero”, detalló el funcionario.

“A nivel nacional todavía se está debatiendo la ley de extinción de dominio mientras que el decomiso anticipado en Santa Fe es un hecho”, continuó, y explicó que las sumas de dinero de las que se habían apropiado los delincuentes eran altas. “Ahora cada familia recuperó hasta el 50 por ciento de lo que habían perdido, de acuerdo a un criterio fijado por la fiscalía”.

Por último, Figueroa Escauriza sostuvo que “realmente se hace justicia porque se identifica a la banda, se la condena y además se le quitan sus bienes. El dinero vuelve a las víctimas o se destina a políticas sociales”, como la entrega de elementos como tablets y kits escolares para escuelas, kits deportivos para clubes de barrio y elementos tecnológicos para los hogares de niñas, niños y adolescentes, entre otras entidades oficiales y no gubernamentales que han sido beneficiarias de donaciones a lo largo de la provincia.

En tanto, el fiscal Baclini consideró “muy importante que todo lo que haya sido instrumento o producto del delito se pueda liquidar a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad) y que este dinero sea devuelto a las víctimas porque implica que el Estado da una respuesta más integral, es decir no solo una respuesta punitiva sino un resarcimiento para los afectados”.

El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que “cuando transcurre el tiempo muchas veces la víctima va tratando de olvidar el hecho pero le queda el daño psicológico y el daño que efectivamente causó el delito, entonces es muy importante la reparación”. Por otra parte, recalcó “la política de preservación de los bienes ya que anteriormente quedaban en depósitos judiciales a la intemperie, el tiempo generaba un desgaste y cuando eran devueltos a las víctimas o a las personas a las que se le habían secuestrado ya no tenían valor o no tenían posibilidad de ser reutilizados”. También participó de la actividad el fiscal Nicolás Foppiani.