“Estamos aquí para ponerle fin a la anarquía que han impuesto las empresas internacionales”, exclamaba Ignacio Rodríguez Mejía, portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas, que este lunes convocó una huelga nacional para pedir el fin de Uber y Cabify

Los transportistas asfixian Ciudad de México para exigir un aumento de la tarifa inhabilitación de las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify. “Solo pedimos que cumplan la ley o que se vayan y que dejen de atentar contra la economía de los mexicanos”, dijo y desató el aplauso de conductores de todo el país, que desde la madrugada del lunes estacionaron sus coches a todo lo largo de los carriles centrales del Paseo de la Reforma. 

Más de 10.000 taxistas bloquearon varios puntos de Ciudad de México: al igual que Reforma, el barrio Santa Fe —uno de los mayores centros de negocios de la capital—, las avenidas de acceso a la capital y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional tenían el acceso restringido. 

Los transportistas exigieron que el Gobierno inhabilite las aplicaciones de transporte privado porque, afirman, no cumplen con los requisitos exigidos a los taxistas y sostenían que no liberarían la ciudad si no eran recibidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

Sin embargo, los líderes de los taxistas fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y, tras una reunión de cuatro horas, acordaron no realizar más bloqueos. Las autoridades mexicanas, además, se comprometieron a revisar la legalidad de las aplicaciones de transporte.

“Ahora cualquiera se sube a su carro y busca pasajero”, decía Blanca Estela Ávila, de 52 años, que es taxista en la capital hace más de 20. “Tengo todos mis papeles y el seguro al día. Le cumplo al Estado, pero ellos no cumplen con nosotros”, agregó. Para poder conducir un Uber en México se debe tener una licencia, probar la ausencia de antecedentes penales y contratar un seguro de cobertura comercial. 

La diferencia de fondo con los taxistas es que ellos tienen una licencia de clase B, de uso público, la misma que utilizan los conductores de patrullas o ambulancias, y el trámite de una concesión estatal que en el mercado negro se mueve por al menos 2.500 dólares. Además, desde junio de este año, los chóferes de Uber y Cabify, al igual que otras plataformas que ofrezcan servicios como entregas a domicilio, deben pagar un IVA del 8% y un impuesto sobre la renta de entre el 3% y el 9%, sin recibir prestaciones sociales. 

Joaquín Camacho, de 60 años, afirmaba que las plataformas “solo ayudan a criminalizar al taxista y a hacerlo ver como inseguro”. “He trabajado honestamente más de la mitad de mi vida. Si choco, mi seguro atiende al pasajero ¿Acaso Uber te ofrece lo mismo?”, lamentaba. 

En el primer semestre de 2019, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México registró 200 denuncias por asaltos cometidos por taxistas, un aumento del 159% sobre el mismo período en 2018. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue crear un registro digital y una aplicación de teléfono para que el pasajero pueda conocer los datos del conductor, emulando las plataformas internacionales. Pero solo 51.862 de los 140.000 taxis que circulan por la Ciudad de México —menos del 30 %— se inscribieron en el primer padrón, entre julio y septiembre pasados. 

“Al Uber le permiten los cristales polarizados, pero a nosotros nos exigen que encendamos la luz por la noche para que el pasajero se sienta seguro. ¡Y así nos fichan los ladrones!”, se quejaba Juan Peña, conductor de 41 años. “No pienso inscribirme en otro registro, es solo una excusa para cobrarnos más impuestos”, dijo. 

A su lado, Iván, un conductor de 25 años, admite que conduce un coche prestado desde que tiene 19. “Me inscribiría, pero el taxi no es mío. Los compañeros sabemos que debemos adaptarnos a la tecnología, pero los Uber deberían irse, o adaptarse a la ley nacional”. 

Miles de conductores siguieron la huelga en sus respectivas ciudades y cientos de otros concurrieron a la huelga en la ciudad: en el Paseo de la Reforma había taxis tanto de Ecatepec, Atizapán y Toluca, municipios del Estado de México, como representantes del sureste del país, como Tabasco, o de la costa caribeña de Quintana Roo, ambos a más de 1.000 kilómetros de la capital. 

René Carmona Rosario tiene 63 años y conduce hace más de cuarenta en Toluca, la capital del Estado de México, 70 kilómetros al oeste de la capital. No quiere hablar por sus compañeros, pero afirmaba que el Estado es “incapaz de hacerle frente a las multinacionales” y que sus exigencias con los taxistas son “irreales”. 

Para renovar la flota de taxis del país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso subsidios de hasta 5.000 dólares para aquellos conductores con coches con una antigüedad superior a 10 años que quieran cambiarlo por un eléctrico. 

“¿Y después qué?”, lamentaba Carmona Rosario, “si los repuestos no se encuentran en ninguna parte”. “Mi coche tiene 20 años, pero mira que salimos de Toluca a las cinco de la mañana y llegó impecable”, sigue, “los dos ya somos viejos. Si me lo quitan, ¿qué voy a hacer?”. 

Al mediodía, sobre el Paseo de la Reforma, la música seguía y los taxistas, algunos charlando en grupos, otros durmiendo agotados frente a sus volantes, continuaban la huelga. Rafael Valdez López, de 69 años, tomaba el sol apoyado en el capó de su Hyundai. “La verdad no creo que saquen a estos piratas de la ciudad”, decía mientras fumaba un cigarro, “pero ya llevamos más de cinco años con estas protestas, a esta altura no vamos a parar. Es de vida o muerte”. (El Pais)