El plebiscito contará con dos alternativas: una que plantea la opción de una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y otra con una instancia que incluya la participación de al menos el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.

El acuerdo para reemplazar la Carta Magna, que rige en Chile desde 1981, se ha alcanzado a las 2.25 (hora local) de este viernes y ha sido nombrado 'Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución', según ha recogido el diario 'La Tercera'.

El presidente del Senado de Chile, Jaime Quintana, ha subrayado que se trata de una "salida pacífica y democrática de la crisis", que es "una victoria de toda la ciudadanía" y que se trata de un primer paso para cambiar la Constitución, una salida institucional "cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social".

El primer punto del documento señala que los partidos políticos de Chile han llegado a este acuerdo para "garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público (...) y el total respeto de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática vigente".

El documento también subraya que una vez redactada la nueva Constitución, será sometida a un plebiscito ratificatorio "mediante sufragio universal obligatorio".

Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social".

Para hacerla realidad, ha remodelado el Gobierno y ha iniciado un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas. En estas semanas, al menos 19 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas. (EUROPA PRESS)