El ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Carlos Parola, se mostró a favor de la adhesión al protocolo para abortos no punibles, cuya implementación fue resuelta por el titular de Salud nacional, Ginés González García, a través de la resolución 1/2019. "El protocolo es una guía para algo aceptado hace casi 90 y pico de años" se escuchó temprano esta mañana en los despachos de la cartera de salud.
La resolución de referencia en su parte dispositiva aprueba el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”, 2da Edición 2019.
La resolución 1/2019 establece que el protocolo "tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad" en el caso de abortos no punibles.
El documento de 79 páginas entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante esos casos. Además incluye una detallada descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo y la anticoncepción necesaria luego de la interrupción del embarazo.
"Está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes”, explica el escrito, y añade: “Basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan".
"Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y Aspiración Manual Endouterina (Ameu)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos", señala la publicación.
Vale recordar que dos semanas atrás el exsecretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein quiso convertir en el ley el protocolo, pero, después de una fuerte polémica en el seno del gobierno anterior, fue derogado por Macri.