Se trata del Decreto número 415 que establece la emisión de bonos y cheques diferidos para hacer frente a toda la deuda de la provincia en obra pública y a otros proveedores.

En el encuentro de hoy las autoridades de las cámaras que agrupan a las empresas constructoras acreedoras del Estado, se avanzó en algunos detalles que no contiene el decretó, según relató Renatto Franzoni de la cámara santafesina.

“Fue una primera conversación y acordamos otra reunión para el martes de la semana que viene, porque es muy preocupante la situación que atraviesan las empresas”, dijo.

Franzoni estimó un total de deuda consolidada en obra pública provincial hasta diciembre de 2019 en alrededor de 6.100 millones de pesos.

De acuerdo al decreto provincial, los instrumentos para hacerle frente son bonos por 4.500 millones  y cheques por otro millón y medio de pesos.

Pero como esos instrumentos servirán para cubrir otras deudas que mantiene la provincia con sus proveedores, Franzoni especuló con que va a tener que haber otro tipo de pagos.

Tampoco está definidos los porcentajes de interés ni las formas de pago de estos instrumentos aseguró y sostuvo que es importante saber cómo se instrumentan, qué tipo de tasa de interés tienen, lo que determina que luego se puedan negociar para que las empresas puedan salir del ahogo que atraviesan hoy.

El titular de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, dijo también que si estos pagos se destraban, se retomarán las obras que están paralizadas, según la prioridad que establezca el gobierno. Y mencionó que la paralización obedece a la falta de pagos que venían registrando en buena parte de 2019 y no a esta coyuntura desatada por el aislamiento por el coronavirus.

“El gobierno necesita activar la obra pública como sector productivo y nosotros activar nuestras empresas, así que ni bien se destrabe el tema económico ya estamos en condiciones de ponernos a trabajar bajo los protocolos específicos establecidos para la actividad”, cerró Franzoni.