Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitarán penas de entre 12 y 18 años de prisión para tres policías por delitos que cometieron mientras cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa. 

El planteo fue formulado por los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en una audiencia preliminar que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Jorge Patrizi y que se extendió por casi siete horas.

Los tres policías acusados están en prisión preventiva. Se trata de EMM de 33 años; AAS de 44 y LEG de 38. La pena que solicitarán los fiscales para EMM es de 18 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y tener o portar armas. Por su parte, para AAS y para LEG pedirán 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, respectivamente.

Vulnerabilidad

“Desde noviembre de 2017 estamos investigando hechos ilícitos cometidos por ocho policías mientras cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa”, precisaron los fiscales Hernández y Jiménez. “Con su accionar, que resultó de la previa distribución y asignación de tareas, los agentes investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”, sostuvieron.

“Actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que le fueron provistas por el Estado”, subrayaron.

Los fiscales también hicieron hincapié en que “algunas de las víctimas de los múltiples hechos ilícitos son mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, lo que indica el estado de indefensión de las víctimas que estaban en situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección”.

Hernández y Jiménez detallaron que “luego de cometer los delitos, los policías insertaban declaraciones falsas en las correspondientes actas de procedimiento, a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.

Los funcionarios del MPA también añadieron que “los instrumentos que se falsearon en casi la totalidad de los hechos, son actas de procedimientos. Es decir, documentos que tenían como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de hecho ilícitos”

Calificación legal

Al imputado de iniciales EMM se le atribuyó la coautoría de severidades (cuatro hechos); vejaciones (dos hechos); apremios ilegales; amenazas coactivas (cinco hechos); allanamiento ilegal (nueve hechos); falsedad ideológica en instrumento público (siete hechos); robo calificado (dos hechos) También se le imputó la autoría de comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada (por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones);

Por su parte, los delitos endilgados a AAS son la coautoría de torturas; severidades (siete hechos); vejaciones (cuatro hechos); amenazas coactivas (seis hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (doce hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (tres hechos); hurto calificado; privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (cuatro hechos) y lesiones leves.

En tanto, a LEG los fiscales le atribuyeron la coautoría de los delitos de torturas (dos hechos); severidades (seis hechos); vejaciones; amenazas coactivas (cinco hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (diez hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (dos hechos); privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (tres hechos);

Subjefa

En el marco de la misma investigación, ya fueron condenadas otras cuatro personas.

Una de ellas es la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez de 38 años. Se le impuso una pena de ocho años y seis meses de prisión por delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.

La condena impuesta a Soperez es por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial). La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).

“La condenada aceptó su culpabilidad. También manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos, la calificación legal de todos ellos, la pena que solicitamos  –en cuanto a su monto y en cuanto a su modo de ejecución–, y el procedimiento abreviado elegido”, destacaron los fiscales. Asimismo, remarcaron que “fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la justicia provincial”.

Tres condenados

Los otros tres condenados son Juan Emilio Torres, Claudio Cerf y Gabriela Cerf.

Claudio y Gabriela Cerf fueron condenados –cada uno de ellos– a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo. Por su parte, a Torres se le impuso una pena de cinco años de prisión con modalidad domiciliaria.

En tanto, hay otro policía investigado cuyas iniciales son CJN. “En relación a este policía ya se realizó la audiencia de juicio abreviado y estamos al aguardo de la notificación de la condena”, indicaron los fiscales y agregaron que “la condena prevista es de ocho años de prisión con modalidad domiciliaria e inhabilitación absoluta perpetua”.

Querellante

Una mujer que fue víctima del accionar del personal policial se constituyó como querellante en la investigación. Cuenta con la representación del abogado Federico Lombardi, de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial. La mujer manifestó su conformidad con el procedimiento abreviado, los hechos atribuidos y sus calificaciones legales, la pena solicitada y la modalidad de cumplimiento.

“Como ocurrió en todas las audiencias realizadas hasta el momento, los abogados querellantes acompañaron a la Fiscalía y brindaron aportes que resultaron significativos”, valoraron los fiscales Hernández y Jiménez.