El 12 de junio, la UIF había planteado a Ercolini que “no cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito” y solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente Mauricio Macri y los ex titulares del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y del Banco Central, Guido Sandleris, además de los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
Asimismo, destacó que la cerelera, a través de sus diferentes firmas, “fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio”.
Otro de los hechos destacados que se conoció a través de un informe contable presentado en el marco de la convocatoria de acreedores de la empresa en sólo 12 días hábiles luego de las elecciones presidenciales y antes de la asunción de Alberto Fernández, el BNA le otorgó 26 préstamos a Vicentin por un total de $6.020 millones, equivalentes al 33% de la deuda de la empresa con la entidad financiera.
La denuncia de la UIF se base principalmente en los informes elaborados por el director del BNA, Claudio Lozano, de los que “surge la posible existencia de una maniobra pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través de otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina, durante la presidencia de GONZALEZ FRAGA, a la firma VICENTIN S.A.”
En su presentación, la UIF describió las posibles maniobras de lavado de activos en las que habría incurrido la compañía canalizando sus exportaciones a través de Renova y Vicentibn Paraguay.
Esta última firma “manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen, pero no tendría allí ni activos, ni fábricas, y casi no tendría oficinas”, aseguró la UIF.
“A su vez, siendo Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos argentinos”, agregó.
En ese punto, la UIF destaca que “es donde toma intervención la firma RENOVA S.A. - que resulta ser la principal productora de biodiesel del país pero también una gran productora de harinas y aceites de soja - en la cual el grupo VICENTIN se encuentra asociado con la firma Glencore”.
En base a “investigaciones periodísticas”, el organismo indicó que Renova “habría remitido al exterior parte de sus dividendos, dejando a VICENTIN SAIC con las pérdidas y fugando las ganancias”.
“El hecho de que la totalidad de la soja concluya en el mismo lugar, nos lleva a sospechar sobre la veracidad de las operaciones de exportación de las distintas firmas del grupo. Es posible en este sentido, que se haya hecho pasar soja argentina por soja paraguaya para – justamente– ahorrar impuestos y fugar ganancias, en detrimento de VICENTIN SAIC”, puntualizó.
La UIF completó la descripción del proceso de “estas maniobras fraudulentas” asegurando que las gerencias operativas del BNA “habrían sido instruidas personalmente por GONZALEZ FRAGA para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, en un contexto en el que “el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido SANDLERIS”.
En ese sentido, el 33% de la deuda de Vicentin con el BNA se originó en un lapso de 19 días (de los cuales 12 fueron hábiles) entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, es decir en un lapso posterior a las elecciones del 27 de octubre que consagraron presidente a Alberto Fernández, pero previo a su asunción al cargo del 10 de diciembre.
En esos 12 días, la anterior conducción del BNA otorgó a Vicentin 26 préstamos (a razón de más de 2 por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe contable con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial.
Fuente: Agencia NA
