El Senado de la provincia de Mendoza aprobó ayer la ley -impulsada por el Ejecutivo- que modifica el código contravencional y pena a aquellos que violen la cuarentena con reuniones entre amigos.

Según se informó a partir de ahora, como medida “ejemplificadora” se establecen sanciones de entre 15 y 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días para quienes no cumplan con las normas que regulan estos encuentros familiares. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble.

La nueva norma también estipula que las reuniones familiares podrán realizarse con hasta un máximo de 10 personas con parentesco en razón de la naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral. Dichos encuentros podrán realizarse sólo los domingos de 11 a 19.

La propuesta, anunciada a mediados de junio por el gobernador mendocino Rodolfo Suárez y con media sanción de Diputados, fue aprobada por el Senado provincial por 22 votos positivos, tres negativos y 13 abstenciones. De esta forma, se incorpora el artículo 119 bis al Código Contravencional Mendoza y ahora, pasó al Ejecutivo para que sea promulgado.

A través de normativas nacionales y provinciales, se adoptaron distintas medidas para prevenir el contagio del virus, entre ellas, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con lo cual, “entre los diversos derechos que han debido reglamentarse durante la emergencia, se encuentra el de reunión, que resulta estratégico en virtud de las características de contagio” del Covid-19, dice la fundamentación de la propuesta presentada por con la firma del gobernador.

Además enuncia que, “en virtud de los cambios producidos en la situación epidemiológica de la Provincia, y habiendo constatado ciertos incumplimientos respecto de las normas generales” es que “resulta necesario contar con una herramienta jurídica (...) para sancionar a quienes incumplen la normativa”.

Así, el objetivo es imponer “una sanción ejemplificadora a quien de manera irresponsable pone en peligro a la sociedad toda, no sólo por la posible propagación del COVID-19, sino también con la consecuente limitación a las actividades que han sido habilitadas, lo cual repercute a su vez en aspectos sociales y económicos”.

Fuente: Diario Los Andes