El exjefe de policía de Rosario y de la provincia de Santa Fe, Marcelo Villanúa, fue allanado este sábado en horas de la mañana por una serie de casos de presunta corrupción económica durante sus gestiones al frente de la institución policial. Además de Villanúa, fueron allanados también otros dos funcionarios policiales el ex jefe de logística Francisco Fernández y Luis Gómez, quien se desempeñaba como habilitado en el área de Administración y Finanzas. Villanúa fue jefe de policía de Rosario primero y luego de la Provincia, durante la administración del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el Gobernador Miguel Lifschitz. Los delitos investigados se remontan al año 2017.

De acuerdo a lo informado por el Diario La Capital, esta mañana el Organismo de Investigaciones, junto a la Tropa de Operaciones especiales y el Grupo de Operación Táctica allanaron a siete domicilios, dos de los cuales se correspondieron a un inmueble perteneciente a Villanúa.

Con los allanamientos, Fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada de Delitos complejos indagan sobre la presunta creación de empresas subordinadas al grupo policial para prestar servicios pagados por la policía, con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores y así cotizar por menos montos. Según lo investigado, por ejemplo, habrían competido con firmas formadas a tal efecto por el servicio de corte de paso, facturando sólo en 2017, $6.500.000. 

Según la investigación iniciada en el año 2019, las empresas creadas prestaban facturas a los policías, con lo que se llevaban una cantidad menor del dinero cobrado por los diferentes servicios prestados.  Se trata entonces de la presunta maniobra de defraudación al erario público a través de pagos de sobreprecios y de favoritismos a determinados proveedores.

De acuerdo a la información recabada por el Diario La Capital, en la serie de allanamientos realizada hoy, se secuestro documentación sobre todas las contrataciones que la dependencia realizó entre los años 2017 a 2019 inclusive.

Esta investigación se inició a partir de una denuncia radicada en el 2019 ante el Fiscal David Carizza sobre presuntas irregularidades en los procesos de gestión de compras directas que se realizaban  por parte de la División de Administración y Finanzas de la Unidad Regional 2 de Policía de la provincia de Santa Fe.