Este miércoles ingresó formalmente el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a la Comisión de la Cámara de Diputados de Santa Fe creada a tales fines, impulsado por la Coalición Cívica a partir de los dichos racistas y ofensivos del funcionario sobre los agentes de la Policía y los ciudadanos santafesinos en general.
“Ustedes son todos santafesinos que no sé qué m... son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la v..., me la chupan todos…”, se lo oye decir a Sain en uno de los audios que trascendieron luego de que el ministro vinculara al su antecesor Maximiliano Pullaro y al senador Lisandro Enrico con el exjefe polcial Alejandro Druetta, condenado a 10 años por narcotráfico.
“Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”, agregaba otro mensaje del cuestionado ministro de Perotti.
El pedido fue presentado formalmente el 10 de marzo pasado por la diputada nacional Lucila Lehmann y su par provincial Sebastián Julierac Pinasco.
En tanto, los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político en la Cámara baja son los socialistas Joaquín Blanco (presidente), Carla García y Pablo Farías; los radicales dentro del Frente Progresista Marlén Espíndola y Maximiliano Pullaro, el radical de Cambiemos Julián Galdeano, y los justicialistas Matilde Bruera (PJ) y Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador), por lo que el oficialismo está en clara minoría.
"Tenemos que evaluar como Cámara la solidez o sustentabilidad de la acusación que se le pretende hacer al ministro. En este caso es bastante endeble porque argumenta en torno a algunas figuras que entendemos no tienen solidez para llevar a cabo un proceso de acusación. Esto no quiere decir que uno fije una posición respecto de los resultados o la evolución de la gestión en Seguridad, que me parece que es un tema válido para debatirlo", sostuvo en diálogo con Primera Mañana la vicepresidenta de Diputados, Lucila de Ponti, legisladora del Frente Juntos.
Y agregó: "Para llevar adelante un proceso de juicio político es necesario realizar una acusación sostenida en el hecho que se justifiquen o se prueben de los delitos o faltas que se acusan. En la carta que fue enviada por la Legislatura se argumenta en torno al audio que fue difundido poniéndolo en el marco del delito de injuria. Creemos que no está dada esta situación, más allá de que puede ser reprobable y que en mi caso me parece que nunca diría esas palabras del pueblo de la provincia a la que pertenezco".
Por su parte, el presidente de la Comisión, Joaquín Blanco, señaló minutos más tarde en comunicación con Osvaldo Medina: "La situación en la que llegamos hasta acá es de un hartazgo y de una gravedad institucional muy profunda producto de una manera de manejarse de Sain que ha roto puentes y ha faltado el respeto de innumerables sectores de la provincia de Santa Fe".
"Sobre el proceso en sí, tengo la responsabilidad de ser el presidente de la comisión por lo que voy a ser extremadamente cauto. Recién hoy ingresa la nota y la semana que viene voy a convocarla a la comisión. En su seno vamos analizar con mucha seriedad cuál es la profundidad y la veracidad de la denuncia. Seguramente habrá una convocatoria a los denunciantes para que puedan ampliar pruebas o hechos que consideren relevantes. Pueden aparecer nuevas personas o instituciones que quieran aportar su testimonio. Y se puede convocar al acusado para que pueda explicar los hechos", explicó.
Con todos esos elementos -continuó- la Comisión tiene que deliberar y emitir un dictamen. "Ese dictamen es el que puede sugerir que avance el juicio político o que no hay los fundamentos suficientes para esto", agregó Blanco.
Pedido de renuncia de la Red de Vecinales de Santa Fe
La semana pasada la entidad conformada por 44 asociaciones vecinales de la ciudad de Santa Fe envió una carta al gobernador Omar Perotti a través de la cual pidieron que remueva del cargo a Marcelo Sain y que en su lugar designe a "un funcionario idóneo" con el foco puesto en el más de un año de gestión.
Los puntos más destacados de la misiva
- La circunstancia de muy larga permanencia en el tiempo de una verdadera y agobiante epidemia de inseguridad, que abarca todas las variantes posibles del delito urbano: amenazas, arrebatos, asaltos, robos, robos con daños adicionales, violaciones de domicilios, delitos “de guante blanco”, lesiones de toda índole a personas de todas las edades, hasta violaciones personales y aún el asesinato. Y, desde fecha más reciente, el asesinato por mano de terceros (“sicarios”); a lo que se suman la ominosa sombra del delito narco y la extensa gama de delitos en áreas rurales.
- Que los reclamos populares hechos en forma individual, en forma colectiva y aún por vías institucionales, no han obtenido respuestas eficaces de parte del Estado.
- Que los delitos tienen una tendencia a incrementarse en cantidad y en violencia con el transcurso de los años.
- Que desde hace tres años se ha constituido un grupo de vecinales que reclamamos por la seguridad perdida.
- Que las numerosas gestiones de esta Red Santafesina de Vecinales por la Seguridad como: notas a diversos niveles del Estado, reuniones de trabajo con legisladores provinciales y municipales y altos jefes policiales, manifestaciones y marchas populares no han logrado respuestas eficaces.
- Que las fuerzas de seguridad se encuentran en una constante disminución de efectivos, fruto de incorporaciones menores a los egresos y con serias carencias en equipamiento y movilidad, con las consecuencias que de ello se derivan.
- Que, durante la actual administración, además de potenciarse la inseguridad, la ciudadanía se encuentra en esta área con un funcionario cuya gestión no ha generado un plan de acciones sobre un problema de vieja data (y, por lo tanto, conocido), que subyace sin un horizonte de mejoría.
- Que además ese funcionario (Sain) ha tenido la incomprensible actitud de maltratar al personal a su cargo (y de publicitarlo por redes sociales); que ha ignorado a la prensa en su rol de comunicación; que se ha ocupado de descalificar a los ciudadanos con adjetivos procaces; que se ha permitido desconocer las convocatorias de los señores diputados (nuestros representantes) con manifestaciones inaceptables.
