El senador justicialista por el departamento Rosario, Marcelo Lewandoski, hizo referencia a la figura de Marcelo Sain, quien fue suspendido preventivamente como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, cargo en el que estaba de licencia desde que asumió como titular de la cantera de Seguridad en el gobierno de Omar Perotti, y al que regresó tras su renuncia.

"Da mucha tristeza que no haya referentes de otros ámbitos que hayan salido a contestar esta barbaridad que ha pasado. Porque el odio, rencor o enojo que hay para con Sain hace que se lleven por delante distintos estamentos institucionales que deben respetarse se llame cómo se llame la persona involucrada. Se ha pasado por arriba a cuestiones constitucionales", consideró el legislador en diálogo con Adrián Brodsky y Leo Botta.

En consonancia con esto, Lewandoski dijo que "quieren aplicarle una sanción en un ámbito donde ya no trabaja", en relación a la decisión de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura  de suspender al exministro de Seguridad tras la resolución del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, por la que se admitió la posible comisión de irregularidades en su gestión como miembro del Ejecutivo.

"Hay distintos reglamentos para enjuiciarlo, por ejemplo: el juicio político. Ahora en el ámbito del MPA es la doctora Vranicich (María Cecilia) la quien tiene a cargo esa instancia, que ahora se ha reformado para que pueda ser la Legislatura pero con una ley con efecto retroactivo. Están  mezclando peras con manzanas y desarrollando un atropello de un poder hacia otro. Hay muchos que se rasgan las vestiduras hablando de la República y la Constitución, y cuando lo tienen que aplicar lo hacen como quieren", espetó.

Siguiendo esta línea, el senador recordó que Vranicich había desestimado el pedido de suspensión por tratarse de hechos que correspondían a su etapa como ministro.

Por su parte, Sain presentó un pedido para que la aplicación de manera retroactiva de la ley 14.016 sea declarada por la Justicia como "ilegítima" e "inconstitucional", y solicitó ordenar a la Cámara de Diputados abstenerse de "tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria", en lo que tildó de persecución política.

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