El delegado de la Región Centro del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata, Nicolás del Mastro, se refirió al caso del grupo de personas encontradas en un campo del norte santafesino viviendo y trabajando en condiciones inhumanas.

En un principio, las autoridades habían confirmado la presencia de 18 trabajadores, pero el funcionario sostuvo que durante el operativo conjunto fueron hallado nueve y que los demás formaron parte de una cuadrilla que ya había sido regresada a su comunidad de origen, en la provincia de Santiago del Estero. Del Mastro aseguró además que las áreas del Estado abocadas al control de estas situaciones de explotación "fueron desmanteladas" durante el Gobierno de Cambiemos.

"El martes de la semana pasada participamos de la fiscalización conjunta, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que han votado las 24 jurisdicciones. Son tareas que en nuestro país hace tiempo no se estaban desarrollando", sostuvo el funcionario nacional en diálogo con Primera Mañana por LT9.

Las denuncias son recibidas por el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), y de manera conjunta con la Agencia Territorial de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, dan aviso a la Comité de Lucha contra la Trata, que depende de la Jefatura de Ministros, a cargo de Gustavo Vera. 

"Participamos de la inspección donde encontramos a nueve trabajadores, porque estaban divididos en cuadrillas de trabajo, algunas de las cuales ya habían sido llevadas a su lugar de origen. Esto quiere decir que llegamos tarde y que se trata de algo que venía desarrollándose. Por una cuestión climatológica agudizamos la fiscalización", aseguró el delegado.

El funcionario describió que estas personas estaban en situaciones de extrema vulnerabilidad. "Estamos hablando de gente de otra provincia, que no tienen manera de volver a su comunidad de origen, con una promesa de empleo que no se cumple en nada, sino todo lo contrario. Lo habitual en el mundo del trabajo acá no existe: no hay hora de descanso, no hay lugares donde higienizarse, se descuentan los alimentos", afirmó Del Mastro.

"Hicimos una judicialización como averiguación de delito de Trata y Explotación de Personas. En nuestro país, la legislación (la primera ley del 2008, y su modificatoria en el 2012) señala que se establece un mecanismo por el cual se genera el traslado, la explotación, la acogida, la recepción de una persona con los fines de obtener un lucro. Y eso se da en distintos ámbitos y con diferentes finalidades: con finalidad sexual, en el ámbito laboral, la explotación infantil, y otras modalidades que comprenden la situación de trata y explotación", explicó. 

Y agregó: "No nos corresponde a nosotros definir el encuadre legal, sino a la Justicia. Lo que hicimos fue poner en funcionamiento las áreas del Estado que habían sido desmanteladas. Porque el Renatre y el Ministerio de Trabajo habían tercerizado la fiscalización en una empresa, y un montón de situaciones que hemos visto".

Del Mastro describió que esta iniciativa de combate contra delitos como la trata y la explotación de personas "atraviesan en Estado completo", porque el Plan Nacional de Lucha contra la Trata ha sido votado por las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y por el Consejo Federal de la Lucha contra la Trata, que cuenta con la representación de la Corte Suprema de Justicia,  del Ministerio Público Fiscal, y del Congreso de la Nación.

"Este tipo de delito es uno de los que más rédito económico genera luego del tráfico de armas y estupefacientes. Y aumentan las posibilidades que se desarrolle dentro de contextos económicos como el que estamos atravesando. Hay un universo de personas que por sus condiciones de vulnereabilidad, de pobreza y exclusión se vuelven en caldo de cultivo para que alguien a través de la oferta de empleo, de la explotación sexual o de la comercialización de eso, obtenga un lucro. Este contexto económico permite eso", reconoció.

Pero en el ámbito rural hay una particularidad, porque Argentina "había desmantelado todas las áreas de controles y fiscalización en este ámbito". Por eso, con la reactivación de las delegaciones federales, se está constatando que "en los circuitos de las economías regionales, en los aglomerados urbanos, en la zona periurbana de la zona frutihortícola, en la contrucción, la limpieza y las estaciones de servicio son los lugares donde hoy en día hay mayores de estas situaciones, según los casos en los que intervenimos".

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