El abogado Carlos Farías Demaldé, patrocinante de la familia del menor presuntamente abusado sexualmente en el Colegio San José de Rafaela sostuvo por LT9 que "hace dos meses no funcionaba la cámara de seguridad" del establecimiento por problemas con la batería del sistema, por lo que no se pudo aportar el material a la fiscalía.

Esta serie de puntos hacen que la investigación siga estancada y que aún no se hayan producido detenciones, ni tampoco haya identificado a un presunto autor o autora.

"Otra cuestión es que el ingreso biométrico que hoy se utiliza para controlar quién entra y sale de los establecimientos y los horarios, la semana anterior por una falla eléctrica se había destruido", aseguró el letrado.

Y agregó: "Cuando se comenzó con la labor investigativa nos encontramos con las manos atadas. Fue por esa razón es que la familia se contactó con nosotros y nos solicitó la necesidad imperiosa que de presentarse como querellantes porque había ciertas irregularidades al menos por parte de la comunidad educativa". 

"El juzgado nos admitió. Solicitamos Cámara Gessell de la niña y una compañerita. Con este elemento puedo confirmar que el relato de la niña es plenamente coincidente con los dichos de la madre (de la víctima). El abuso sexual ocurrió dentro del establecimiento educativo", aseguró.

Además, señaló que "hasta el momento no hay persona identificada, ni imputada, ni detenida. Las clases comenzaron a desarrollarse en el día de la víspera. Es una actitud muy molesta. Hay un presunto abusador que está conviviendo con los chicos en la escuela".

"Ayer hubo una manifestación, siempre pacífica, organizada por los padres y grupos que defienden los derechos de la niñez y la adolescencia. Hoy por hoy, por la situación pandémica, los chicos no conocen físicamente a los profesores, e incluso a sus compañeritos. La nena va a segundo año, el 2020 y este 2021 lo curó el 90% en la virtualidad. Eso también nos dificulta dar con las identidades", puntualizó Carlos Farías Demaldé.

 Consultado si la poca información aportadas por las autoridades del colegio representa una falta de volutad o encubrimiento del abuso, el abogado dijo: "Queremos creer que no, ahora en vez de investigar el hecho tenemos que analizar qué fue lo que pasó con la cámara, cuándo se quemó, por qué no se renovó la batería que cuesta $50, si realmente se quemó el ingreso electrónico biométrico".

La nota completa acá