El Concejo sancionó una resolución impulsada por el concejal Carlos Suárez que solicita al municipio mecanismos y acciones tendientes a prevenir el acoso callejero. “En la actualidad, la violencia sexual es penada y no tolerada en otras situaciones y contextos (acoso laboral, estupro, violación), pero está pendiente sancionarla cuando ocurre en los espacios públicos”, fundamentó el edil.


Acoso callejero: definición

Según la resolución aprobada, el acoso callejero es entendida como “acoso sexual en espacios públicos o de acceso público traducido en conductas físicas o verbales, de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, por lo general este tipo de conductas no implica una relación entre la víctima y su agresor”, reza el texto.

“Violencia invisibilizada contra las mujeres”

Para Suárez “las conductas relacionadas al acoso callejero se vinculan directamente a la desigualdad de género, ya que es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de violencia sexual contra las mujeres. Es un primer eslabón de una larga cadena de violencias, que como todas, están basadas en una relación desigual de poder entre los géneros. Son prácticas sutiles pero profundas que, en la relación asimétrica entre los géneros, refuerzan la dominación simbólica del hombre hacia la mujer”.

“Sostenemos que el acoso callejero no debe ni puede encontrar fundamento en el contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida. Los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. Esta problemática afecta a personas particulares, pero responde a un fenómeno social complejo que debe ser abordado desde el Estado con el objetivo de prevenir respecto de prácticas y acciones que afectan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas”, finalizó.