Este jueves por la tarde se llevó a cabo la Marcha de la Resistencia en la Plaza del Soldado de la ciudad de Santa Fe, de la que participaron el Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia; Madres de Plaza de Mayo Santa Fe; agrupaciones políticas, sociales y sindicales; y muchas personas se acercaron a expresar su acompañamiento.

En esta edición, al objetivo de reafirmar los reclamos históricos de Memoria, Verdad y Justicia,  se le sumaron "el pedido de justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por la libertad de Milagro Sala y otros presos políticos, por el cese de la represión criminal, por la plena vigencia del Estado de Derecho y la Libertad de Prensa, y contra las políticas de saqueo a trabajadores y jubilados que implementa el actual gobierno", según detallaron desde la organización.

Además, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones que forman parte del Foro, rubricaron un documento en el que aseguraron que "los argentinos y argentinas estamos en una etapa de retroceso en todos los aspectos". En el texto, apuntaron contra el gobierno nacional, principalmente por el manejo de las fuerzas de seguridad y por la política comunicacional implementada que va desde "anular la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" hasta la  "expulsión sistemática de periodistas no oficialistas de medios estatales y privados, y el ahogo financiero de los medios opositores" .

En otro tramo del documento, se puso el foco sobre el funcionamiento de la Justicia, en relación a las últimas novedades judiciales vinculadas a las detenciones de varios funcionarios y allegados al gobierno anterior y, concretamente, respecto a la orden de detención y desafuero de la expresidenta y actual  senadora de la Nación Cristina Fernández de Kirchner; y también sobre lo que consideran un "vasallaje de los funcionarios judiciales" que se realiza "a través de amenazas, carpetazos y expulsión directa de jueces que no se someten a sus mandatos, tales como Carlos Rozansky y Eduardo Freiler.

A continuación el documento textual leído en la Marcha de la Resistencia:

"En esta nueva Marcha de la Resistencia, venimos a celebrar un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y así sus 30 artículos que enuncian un conjunto de Derechos individuales, sociales y políticos, por lo cuales luchamos todos los días. Para que sean una realidad en la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas, conscientes que hoy estamos en una etapa de retroceso en todos los aspectos.

También venimos a repudiar la Masacre de la Iglesia de la Santa Cruz, ocurrida hace 40 años, en la cual fueron secuestradas y asesinadas Madres de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y militantes de Derechos Humanos, a quienes rendimos nuestro homenaje. A la Madre Azucena Villaflor de De Vicenti, a Estela Careaga, a las monjas francesas, y a todas las víctimas de Astiz y de la dictadura cívico militar de Videla.

Venimos a denunciar que en menos de dos años, la Argentina dejó de ser un país respetado en el mundo por sus políticas de Estado en Derechos Humanos, y entró en la lista de los cuestionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, y la ONU. Se comenzó con la represión violenta a la protesta social, el encarcelamiento ilegal y suplicio de Milagro Sala, y de otros integrantes de su organización social. Luego fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de represión ilegal de la Gendarmería a una comunidad mapuche. Y hace muy pocos días el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, cobardemente asesinado por la espalda por la Prefectura.

Gendarmería y Prefectura, convertidas en dos fuerzas represivas de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien encubre sus crímenes y les da licencia para matar, estableciendo que su palabra tiene carácter de verdad para ella. Al igual que para la vicepresidenta, que les da el “beneficio de la duda”.
En paralelo se entorpece los juicios a genocidas, se anulan los que imputaban a partícipes empresarios y otros civiles, y se intenta de reducir las condenas con el “dos por uno” de una Corte Suprema cómplice y sumisa.

Este accionar va acompañado en el plano simbólico con la reinstalación de la doctrina del “enemigo interno”, que en tiempos de dictadura llamaban “doctrina de la seguridad nacional”. El procurador interino Eduardo Casal planea la creación de una estructura contra un supuesto “extremismo violento” y el “terrorismo internacional”. Estos engendros como el RAM, son sólo inventos de este gobierno para justificar la represión, ya que los únicos que imponen terror en Argentina son las fuerzas represivas.

Luego de anular por decreto la Ley de Medios Audiovisuales de la democracia, este gobierno impuso La censura y autocensura, la expulsión sistemática de periodistas no oficialistas de medios estatales y privados, y el ahogo financiero de los medios opositores. Mientras que en el monopolio comunicacional dominante se utiliza la mentira, la difamación, el chantaje, la estigmatización y el ocultamiento sistemático de la verdad.

Luego de la expulsión de Roberto Navarro y de Víctor Hugo Morales de C5N, estamos ante la inminencia del asalto final a medios de comunicación de alcance nacional masivo. Se apunta a borrar de ese canal a cualquier voz opositora. Además se han enfilado los cañones contra Página 12, en el cual ya no puede escribir el imprescindible periodista e investigador Horacio Verbitsky. Luego de 30 años de permanencia en ese medio, del cual fuera fundador.

En Santa Fe también tuvimos las cesantías de compañeros de Radio Nacional, y ahora la persecución despiadada a los periodistas que investigaron los llamados “Corral Papers”. Al Poder le molesta que se ponga en evidencia su profundo nivel de corrupción, ya que ese es el argumento que usa como cortina de humo para estigmatizar a la oposición.

El Poder Judicial se ha convertido también en otra de las piezas claves del actual modelo de dominación, con magistrados sumisos a las directivas y presiones del Poder Ejecutivo. En las dos semanas previas a las elecciones de octubre, y como parte de la campaña, lanzaron una batería de indagatorias a ex funcionarios opositores. A posteriori, actuando como verdaderos inquisidores, se abocaron a una verdadera cacería con prisiones preventivas, en operativos cinematográficos vejatorios y antijurídicos.

El vasallaje de los funcionarios judiciales se realiza a través de amenazas, carpetazos y expulsión directa de jueces que no se someten a sus mandatos, tales como Carlos Rozansky y Eduardo Freiler. A este último no le perdonan haber votado, en minoría en la Cámara de apelaciones, a favor de la indagatoria de los acusados en la causa Papel Prensa, y para su separación requirieron de una actuación bochornosa del propio presidente de la Corte Suprema. Ahora avanzan en forma ilegal y sin fundamento alguno sobre Daniel Rafecas, el Juez intachable que entre otras cosas instruyó causas centrales de Lesa Humanidad.

Luego de casi dos años de persecuciones, y hasta amenazas a su familia, el gobierno logró la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien era un baluarte en las políticas de Estado en Derechos Humanos, y creó las procuradurías de Crímenes de Lesa Humanidad, la de Violencia Institucional, y otras. No conformes con esto, impulsan modificaciones inconstitucionales a la ley del Ministerio Público Fiscal, para terminar con su autonomía. Ya habían sacado de su control a las escuchas judiciales, que habían sido devueltas a los servicios de inteligencia, para monitorear sistemáticamente las comunicaciones de los opositores.

Bajo el paraguas del blindaje mediático, los jueces de Comodoro Py, bajo instrucciones precisas del Ejecutivo, avanzaron en el hecho más aberrante de nuestra historia judicial: transformar el posible suicidio del Fiscal Nisman en un supuesto asesinato, para alimentar la infamia acusatoria sobre la ex Presidenta de la Nación. Para ello contrataron un peritaje de segunda mano, dibujado por la gendarmería, y cuentan con jueces y fiscales que han perdido la poca vergüenza que pudieran haber tenido.

Hoy amanecimos con una nueva cacería del Juez Bonadío. El mismo que fuera apartado de la causa AMIA en 2005 por encubrir a los encubridores, ahora ordena prisiones con la acusación de “traición a la patria”, por encubrir ese mismo atentado. Pretende nada menos que encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es en el fondo un acto de proscripción política.

Todas estas políticas demuelen paso a paso el Estado de Derecho en nuestro país y amplían el nivel de desinformación ciudadana, con lo cual buscan manipular a la opinión pública e instalar el miedo como mecanismo disciplinador. Lo hacen para llevar adelante los planes de entrega y exclusión social, que ahora se expresan en los proyectos de reformas Previsional, Laboral y Tributaria, que representan un verdadero saqueo a los trabajadores y jubilados.
Pareciera que sus éxitos inmediatos llevan al gobierno a subestimar la larga historia de luchas y conquistas de este pueblo, que se ha sublevado una y otra vez, aún bajo las peores condiciones de dominación. Esa nueva etapa de luchas ya comenzó con la gigantesca movilización de trabajadores del 29 de noviembre en Plaza Congreso. Lucha de la que forma parte el Movimiento de Derechos Humanos".