El Dr. Gustavo Feldman, abogado querellante que impulsó la acción penal contra los directivos de Vicentin, sostuvo que en las audiencias de esta semana en los Tribunales rosarinos quedó evidenciado el defalco que produjeron en al agroexportadora. Y que si bien los imputados por la estafa quedaron en libertad, en caso de llegar a un juicio habrá condenas de ejecución efectiva.

“La libertad o no anecdótico. Me fui satisfecho porque quedó evidenciado la responsabilidad penal de los directivos y que si hay juicio, termina en condena y de ejecución efectiva. Los imputado se fueron con caras de alegría por quedar en libertad, pero con preocupación por las conclusiones que tenía hecha el juez”, sostuvo Feldman en diálogo con Primera Mañana.

El letrado destacó la postura del juez, pero remarcó la estrategia de uno de los abogados defensores, el Dr. Daniel Cuenca. Según Feldam, Cuenca “aceptó que existía responsabilidad penal y ya habló de un 'Principio de Oportunidad', que significa que si aparece la plata, a lo mejor no sigue la causa penal. Nuestra legislación permite eso”.

“Quedó diáfano que hubo un enorme defalco. Se va aclarando y queda evidenciado quiénes, cómo y cuándo produjeron el defalco, y nos encaminamos al juicio y si hay juicio, habrá condena, y que sea de cumplimiento efectivo”, concluyó Feldman.

En libertad

Este jueves el juez Roman Lanzón rechazó el pedido del fiscal Miguel Moreno de dictar la prisión preventiva de los ejecutivos de Vicentín Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze que estaban al mando en 2019 cuando la empresa defauló. También rechazó el pedido de uso de tobillera electrónica para el presidente de la firma en el momento de la cesación de pagos, Daniel Buyatti.

No obstante, le pidió a los hermanos Gazze, Macua, Scarel, Vallaza y Buyatti que fijen un seguro de caución de 10 millones de dólares, un 100% más alto, del que habían ofrecido. Además, definió que los 14 ex ejecutivos imputados por estafa no pueden salir del país. El magistrado también bajó la imputación por presentación de balances falsos, quedando la causa centrada en el posible delito de estafa.

Para el juez, la fiscalía no pudo probar que hubieran razones concretas que acrediten que la libertad de los imputados pone en riesgo el proceso. Y citó que la gran mayoría de las maniobras que la fiscalía presentó como atentantorias contra el proceso ocurrieron hace más de un año. En cambio, ahora las pruebas -sostuvo- están a resguardo.

No obstante, el magistrado dejó asentada su impresión de que las pruebas presentados, si bien no acreditaban la urgencia de una prisión preventiva, eran "pruebas contundentes" de cara al debate de fondo (si hubo o no estafa en la caída de Vicentín). 

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