La sala II Cámara Federal ratificó el procesamiento, el embargo y la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el supuesto encubrimiento en el caso AMIA, a través del memorándum con Irán. Asimismo fueron confirmados embargos millonarios.
Además, la Cámara confirmó los procesamientos de Héctor Timerman, Carlos Zannini, entre otros imputados. Los delitos que recaen sobre la actual senadora nacional por Unidad Ciudadana y algunos de sus exfuncionarios son: Estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, por lo que desestimaron la decisión del juez Claudio Bonadío de procesarlos por traición a la Patria.
La decisión fue tomada por los jueces camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En la causa se determinó que el memoradum de entendimiento con Irán, aprobado por el Congreso de la Nación en febrero de 2013, tenía como finalidad que los iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA, “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el, otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”.
Sin embargo, estos procesamientos se dan luego de que en el día de ayer, el extitular de la Interpol Ronald Noble aceptara declarar como testigo en la causa que investiga el presunto encubrimiento. "Argentina y sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse", sostuvo Noble en un mail enviado a la Justicia argentina, donde ofreció que se lo incorpore a la causa como testigo.
Ahora, es el juez Claudio Bonadio quien decidirá si el extitular de Interpol se incorpora a la causa como testigo y también, en el caso que acepte el pedido, bajo qué modalidad prestará testimonio.
Esto se suma a las críticas que el martes pasado realizó la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, a través del director de la División de las América José Miguel Vivanco, al pedido de procesamiento por traición a la Patria dictado por Bonadio, al que tildó de "descabellado".
