El titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, solicitó 18 años de prisión y una multa de 900 millones de pesos para Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores. 

El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que se condene a tres años de prisión efectiva a Omar Rossini, hermano del principal imputado, y a la contadora Mercedes Leiva, que se desempeñaron como vicepresidentes de la entidad financiera de manera sucesiva entre 2006 y 2012. 

Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Suárez Faisal señaló a Rossini como autor del delito de "defraudación por administración fraudulenta en concurso real con relación a cada uno de los damnificados en concurso real con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el Mercado de Valores agravada por la utilización de medios masivos de difusión". 

Por otra parte, planteó la absolución de las empleadas de la firma: Marisa Laura Valdez, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, Daniela Reatti, Carolina Fany Pavarin y Miriam Sabella, que habían sido elevadas a juicio como parte de la maniobra. 

Para la Fiscalía, está probado

Para el fiscal, quedó probado que entre 2003 y 2012 Mario Rossini -en su carácter de presidente de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos- administró de manera fraudulenta los bienes, títulos, valores y dinero que le fueron confiados en custodia por al menos 408 damnificados, a quienes les produjo un perjuicio individual a través de diferentes actos de disposición a través de ambas firma, por un monto total de 250 millones de pesos de aquella época, a través de una apreciación realizada por Procelac en 2016. 

Suárez Faisal destacó que, sumados a esa cantidad de víctimas, otras 61 se presentaron a querellar y 100 más lo hicieron por la vía civil, por lo que el número final de damnificados asciende a 569 entre personas humanas y jurídicas. 

En su alegato, el fiscal remarcó que a lo largo del debate se pudo acreditar que esta administración fraudulenta se cristalizó bajo tres modalidades de desapoderamiento. La primera, a través de títulos y valores por los cuales se transfería la titularidad desde las cuentas comitentes que tenía cada uno de los damnificados en Bolsafe Valores hacia BV Emprendimientos, siendo que el titular de ambas era Rossini. 

La segunda era la transferencia directa de títulos y valores de los comitentes a BV sin que mediase orden para disponer de esos títulos; mientras que la tercera consistía en la apropiación directa de sumas dinerarias que los clientes poseían en su cuenta o que entregaban a Bolsafe para realizar operaciones que en algunos casos ni siquiera fueron ingresadas al sistema interno. 

SuárezFaisal consideró que Rossini había montado una ingeniería que le permitía inducir a los damnificados a reinvertir para que su estructura criminal siguiera funcionando. “Necesitaba tener esas dos estructuras para captar los fondos, títulos, bonos o lo que fuera y luego poder venderlos en el mercado”, explicó. En otro tramo del alegato, el fiscal enfatizó que Rossini llevó a cabo su accionar con el fin de “enriquecerse y con ánimo de causar daño” ya que sabía que de esta manera despojaba de su patrimonio a los damnificados.

Sobre el final de su exposición, solicitó la absolución de las seis empleadas de la firma por considerar que obraron cumpliendo las indicaciones de su jefe sin saber que se trataba de una organización criminal. De acuerdo al representante del Ministerio Público Fiscal, el principal imputado utilizó a las mujeres como “instrumentos de estos delitos, se aprovechó de sus vulnerabilidades, en algunos casos de sus inexperiencias, de la juventud de alguna de ellas y en un contexto laboral en el que él mandaba y todas las mujeres obedecían”, por lo que consideró que estos hechos constituían un acto de violencia de género en forma de violencia laboral.