La Corte Interamericana de Derechos Humanos le atribuyó responsabilidad internacional al Estado argentino por el accionar del Poder Judicial de Santa Fe en la entrega irregular de un  niño. El caso data del 2014 y la víctima es una mujer que tuvo su bebé a los 13 años, cuando era una niña, y que fue entregado a su familia de manera irregular. 

De la audiencia realizada en Uruguay participó la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, quien acompañó a su par nacional, Horacio Pietragalla Corti, y que esta mañana contó los pormenores de lo ocurrido en diálogo con LT9. 

"El hecho se produjo en 2014, María siempre quiso a su hijo y eso fue puesto de relieve en un juicio. En 2015 empezó un proceso de revinculación con su bebé con visitas de dos horas una vez por semana, en la casa del matrimonio. En marzo de ese año el tema fue llevado a la CIDH", sintetizó la funcionaria en comunicación con Osvaldo Medina y Mariano Bravi por LT9. 

Y agregó: "Al día siguiente de dar a luz, le quitaron la custodia del bebé y se la dieron a un matrimonio. No hay una adopción, ni siquiera una guardia preadoptiva, porque ni la mamá ni la abuela del bebé nunca dieron el consentimiento para esto".

Lucía Puyol y Horacio Pietragalla Corti durante la audiencia en Uruguay

Para Puyol, la entrega ilegal fue posible "por una serie de irregularidades de un montón de funcionarios que creo tuvieron estigmatización de esta niña-madre y discriminación por su origen humilde. Cuando vemos el expediente judicial, al que tuvimos finalmente acceso, cómo mientras estaba embarazada la niña, desde la Maternidad Martin (hospital maternal de Rosario), buscaron convencerla de dar el niño, hubo intervención de la Justicia y de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero ella nunca lo consintió". 

"Son cuestiones prohibidas. Gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos una legislación muy rigurosa en materia de adopción, y una de las cuestiones que señala es que no se puede organizar la adopción de un niño por nacer. Está prohibido por el ordenamiento jurídico, porque el requisito sine qua non es que una vez nacido la madre dé su consentimiento para darlo en adopción. En este caso nunca pasó. Entonces tenemos responsabilidades de la jueza, la Maternidad Martin, y una defensora", aseveró. 

Sobre la forma en la que quedó embarazada la niña, que evidencia un hecho de abuso, Puyol señaló: "Ella quedó embarazada a los 12 años. Lo primero que debió haber hecho la Maternidad Martin, como cualquier organismo, es indagar si esto no era producto de un abuso intrafamiliar, como lo fue. Y debió tener acceso a la interrupción legal del embarazo. Por su edad y por la situación en la que estuvo, esto estaba absolutamente contemplada en la Ley". 

La secretaria dijo que la cadena de profesionales y autoridades que la trataron nunca les hicieron conocer sus derechos y le decían que "lo mejor era dar el niño" y que ella "cuando fuera grande iba a formar una familia. Pero esa joven desde que era niña quería ver a su hijo". 

"Su testimonio en la audiencia fue tremendo, nos sacó lágrimas a los presentes, incluso a mí y al secretario nacional de DDHH. Se debió hacer una interrupción. Seguramente el país y la provincia de Santa Fe serán sancionados y aceptarán la responsabilidad del Estado. Pediremos disculpas como Estado a María por esta violación a sus derechos humanos", concluyó Puyol. 

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