Lula da Silva fue hallado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero y condenado a 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia el pasado 24 de enero.
Pero su defensa considera que “una eventual restricción de la libertad” provocaría una “intensa conmoción popular” que influiría en el proceso democrático, dado que Lula ya anunció su precandidatura a la presidencia para las elecciones de octubre y las encuestas lo señalan como favorito.
El habeas corpus es una garantía central para evitar los arrestos y detenciones arbitrarias.
Los abogados consideran “inconstitucional” cumplir la pena después de una condena en segunda instancia y quieren que Lula espere en libertad el resultado de los recursos que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal.
El Tribunal Supremo Federal estableció en 2016 que una condena en segunda instancia en suficiente para llevar al condenado a prisión.
Sin embargo, la defensa de Lula apunta que esto no vale automáticamente para todos los casos y recuerda que ese tribunal podría volver a analizar este tema en breve, quizá cambiando de opinión.
La ratificación de la condena y la causa
La semana pasada el Tribunal Regional Federal de la 4º Región con sede en Porto Alegre (sur) condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel, aumentando así la pena que le había impuesto el juez de primera instancia Sérgio Moro el año pasado, de nueve años y seis meses.
La condena se refiere al caso del apartamento de lujo en Guarujá (São Paulo, sureste), supuestamente entregado como regalo a Lula por la empresa constructora OAS, una de las implicadas en la trama corrupta de Petrobras.
La justicia dictaminó que el exmandatario recibió este inmueble como contrapartida por los favores prestados en ese esquema de sobornos.
Lula niega rotundamente las acusaciones, asegura que el apartamento no es suyo y que ha sido condenado sin pruebas para evitar que sea candidato en octubre.
Con la legislación actual es poco probable que Lula pueda concurrir a las elecciones, pero la decisión final la tomará el Tribunal Superior Electoral a partir de agosto, cuando los partidos deban proceder al registro oficial de las candidaturas.
Fuente: El País.
