La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la intervención judicial de la asociación civil que encabeza la precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich e impulsó una denuncia ante las justicias penal y electoral por presunto financiamiento ilegal de una campaña proselitista.

Se trata del lnstituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), una organización que tiene entre sus objetivos "fomentar y establecer estrategias para el desarrollo social, político, de seguridad, justicia, económico, salud, cultura y educación promoviendo la modernización del Estado a través del diseño, la construcción y la divulgación de políticas públicas".

“La entidad ha realizado gastos destinados a financiar, al menos en parte, actos de campaña política”, sostuvo una resolución, de unas 25 páginas,  firmada por el titular de la  IGJ, Ricardo Nissen.

La resolución afirma que "bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político”.

El IEES promociona sus actividades como seminarios y cursos de formación para la elaboración de políticas públicas y realiza también almuerzos en los que interactúa con empresarios y productores para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Sin embargo, la IGJ sostuvo que  “bajo la pantalla de un seminario se ventilaban asuntos que poco o nada tenían o tienen que ver con el objeto social incluido en la norma corporativa".

La actuación sumarial sobre IEES se inició el 16 de diciembre de 2022 a raíz de una serie de artículos periodísticos que daban cuenta de las actividades de Bullrich para recaudar fondos para su postulación a la Presidencia de la Nación.

La organización respondió las requisitorias de la Inspección General, pero "en referencia a las notas periodísticas que dieron origen a la actuación sumarial, las que daban cuenta de la financiación de la campaña a través de un sistema de almuerzos a través del IEES, la entidad nada dijo al respecto", consigna la resolución de la IGJ, un organismo que depende del Ministerio de Justicia.

“Existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de Patricia Bullrich, presidenta de la institución y los aportes y pagos en concepto de seminarios”, resumió el documento.