A 119 años de los hechos conocidos como “El Último Malón”, la Justicia Federal ordenó dar inicio a la  investigación de lo sucedido bajo la modalidad de “Juicio por la Verdad”, a raíz de lo denunciado el 27 de diciembre de 2022 por tres comunidades originarias  de la localidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

La Justicia Federal admitió la denuncia presentada por las Comunidades  Moqoit “Layik Ra’Apiguin”, “21 de Abril” de San Javier y “Esperanza Viva” de  Colonia Francesa (San Javier, Provincia de Santa Fe) y la Secretaría de  Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, resolviendo la apertura de la  causa judicial por el derecho a la verdad caratulada como “NN s/ Averiguación  de Delito” (Expte FRE 13290/2022 JFR) Expte MPA 02/23.  

La notificación fue recibida por los denunciantes a principios del mes de  junio, dando inicio a la investigación con importantes medidas probatorias, como  la toma de testimonios a referentes de las comunidades (algunos de ellos, descendientes directos de sobrevivientes de la masacre), la incorporación de prueba documental acompañada, el libramiento de oficios a los fines informativos, la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otras. 

Como se lee en la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Reconquista a fines del año 2022, “esta investigación, a más de cien años de ocurridos los hechos, es imprescindible para que la verdad jurídica refleje la  verdad histórica, la que se viene transmitiendo oralmente en nuestras  comunidades, de generación en generación”. Como también que “el Derecho a la Verdad respecto a la masacre ocurrida el 21 de abril de 1904 en su dimensión comunitaria, el intento de exterminio de nuestros pueblos originarios, de sus saberes ancestrales, su idioma, su cultura, merece una investigación profunda y el reconocimiento del genocidio perpetrado desde el Estado”.

Los hechos denunciados

El 21 de abril de 1904, mocovíes de la región liderados por caciques  jóvenes y guías espirituales no conformes con la situación que vivían, despojados de sus tierras, hacinados en tolderías, imposibilitados de procurarse sus alimentos, llevaron adelante un levantamiento con el objetivo de recuperar  el pueblo que alguna vez les había pertenecido. Dicho levantamiento fue caracterizado en la época como un “malón de indios”, como un ataque repentino e irracional. Este acontecimiento que fue públicamente conocido como “El Último Malón”, hace tiempo ha sido resignificado como “La Rebelión de 1904”.

El movimiento fue brutalmente reprimido, sofocado inmediatamente, dejando un gran número de indígenas muertos, heridos y prisioneros, a la vez que se desató una feroz persecución a los sobrevivientes.

Este conflicto no constituyó un episodio aislado, sino que forma parte del proceso de conformación del Estado nacional, en el cual, “el problema del indio” (tal como se calificaba en la época) tuvo como respuesta sistemática la violencia por parte del Estado, tanto de manera directa como indirecta, intentando exterminar todo tipo de movimiento considerado subversivo. Frente al descontento de los desposeídos, había que imponer “la paz pública”, a cualquier precio.

Es por ello que, siguiendo la línea del fallo dictado por la Justicia Federal por la Masacre de Napalpí (1924), y en consonancia con el pedido de justicia de otras comunidades por las graves violaciones a los derechos humanos sufridas, porque nuestra historia nos interpela y porque entendemos que la memoria es fundamental en la construcción identitaria de una comunidad: seguimos  luchando por más Memoria, Verdad y Justicia.