Una banda brasileña que lavaba millonarias sumas de dinero en criptomonedas fue descubierta en la Argentina y se estima que su operación clandestina tenía como cliente al peligroso Comando Vermelho.

La Policía Federal Argentina llevo adelante una investigación la cual tiene su origen en denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), donde se dio aviso de transferencias millonarias de fondos por intermedio de activos de criptomonedas y activos fiduciarios por elevadas sumas. Esas maniobras fueron atribuidas a una persona de nacionalidad brasileña y su núcleo familiar.

En este contexto, los efectivos determinaron que el denunciado M.C.S. y su pareja habían sido fuertemente involucrados, hace unos años, en maniobras de lavado de activos, en Brasil, sindicados en primera instancia como propietarios de una entidad de asesoría financiera de Brasilia, empresa esta que promocionaba trasladar jóvenes universitarios a fin de estudiar en Argentina.

Este mecanismo comercial permitía lograr sumas millonarias en reales vinculados a la organización Comando Vemrelho.

En el momento la justicia Brasileña (Juzgado Especializado en Crimen Organizado), efectivizó órdenes de detención y allanamientos, bloqueando cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargo de bienes muebles e inmuebles, estableciendo que las empresas involucradas lavaban dinero mediante la utilización de criptomonedas (activos digitales) no consiguiendo efectuar el rastreo de tales fondos.

Dentro de las personas denunciadas se hallaban M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas también de nacionalidad brasileña, los cuales eran sindicados en esta trama criminal como parte del grupo delictivo, algunos de ellos, con antecedentes por hechos similares de octubre de 2019 en Brasil.

En aquella ocasión recibieron depósitos bancarios (en cuenta del Banco Bradesco, del municipio de São Gonçalo, Rio de Janeiro) y luego los transfirieron a otras dos sociedades, siendo los fondos procedentes del tráfico de drogas en la comunidad do Brejal, situada en Complexo do Salgueiro, dominado por la organización "Comando Vermelho".

La acción dirigida por la Fiscalía Federal número 2, de San Isidro a cargo de Fernando Domínguez, ante el Juzgado Federal número 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretaría número 1 de Agustina Daus, se concentró en determinar las acciones que se encontraba desplegando en la Argentina el grupo liderado por M.C.S. logrando desentramar un elaborado sistema de operaciones dinerarias sin un marco legal o comercial registrado, que oficie como aval de las sumas millonarias que eran introducidas en el circuito comercial del país.

La investigación sobre la banda brasileña que lavaba dinero en criptomonedas

Estas acciones consistían fundamentalmente en depósitos, transferencias, cambio de divisas, créditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del núcleo criminal.

Con estas herramientas legales el cabecilla de la organización (alias "El Negro" o "El Jefe"), autorizaban a operar en su nombre a los comúnmente denominados "testaferros o presta nombre", tanto en temas administrativos como en aspectos civiles como la compra venta de bienes muebles (autos) e inmuebles (empresas, viviendas, terrenos) alejando de esta forma su responsabilidad sobre el patrimonio, sin dejar de ser su dueño.

Bajo estos parámetros, el despliegue investigativo del personal del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, de la Policía Federal, consistió en diversificar sus tareas para lograr en primer instancia la individualización y funciones de todos los componentes de esta estructura, dentro de la organización criminal liderada por el M.C.S., pudiendo determinar que el nombrado junto a su familia y entorno llevaban un nivel de vida muy elevado, habiendo desarrollado un patrimonio abultado rápidamente, sin ningún aval legal declarado a nivel nacional.

También en el transcurso de la pesquisa este había disminuido considerablemente su exposición virtual en redes sociales, siendo nula la utilización de tales medios en forma pública, circunstancia esta que notoriamente había cambiado respecto de su accionar en la República de Brasil, resultando llamativa sus primeras operaciones registradas en el país donde se constató la compra de vinos en la zona norte del país, en dos operaciones no muy significativas.

Las acciones investigativas permitieron obtener información de relevancia, que llevaron a dilucidar todo el circuito de fluido de activos, resultando sumamente relevante los contactos de los investigados en el plano nacional, conformando sin dudas un entramado dedicado a blanquear los activos de la organización criminal (aclarando que los mismos oficiaban como soporte desde los conocimientos empíricos y científicos que poseían tanto en el campo jurídico, notarial, comercial, mercado de capitales y cryptoactivos, en el ámbito local como internacional).

Dentro de estos nuevos socios criminales se pudo dejar documentada la relación de la organización brasileña, concatena en primer instancia a empresas de viajes estudiantiles, con el mercado de capitales (informal) en Argentina las que operaban en el Microcentro porteño, en las conocidas "cuevas" financieras.

Durante el desarrollo de la pesquisa, se pudieron establecer nuevos integrantes los cuales se iban incorporando al plantel de M.C.S., quienes lo reconocían como "El Jefe", siendo relevante un nuevo integrante sindicado como E.D.M. quien no poseía antecedentes comerciales ni penales, y a poco de ingresar al país, consolido una fuerte estructura dedicada a la compra/venta de activos virtuales, juntamente con otras personas de nacionalidad brasileña.

La diversificación del poder económico de esta empresa criminal, llevo a dilucidar la apertura del líder de la organización, hacia el mercado vitivinícola, con empresa radicada en Mendoza, por medio de la cual el investigado preveía efectuar envíos de vinos a Brasil y Francia.

Por lo hasta aquí expuesto los investigadores de la Policía Federal, solicitaron al magistrado interventor innovar mediante la habilitación de las normativas que imponen las técnicas especiales de investigación y lucha contra delitos complejos, a través de la figura del "agente revelador", a fin de involucrarse en el mercado criptográfico y así poder obtener direcciones de las cuentas / subcuentas con las que operaba la organización criminal.

El operativo de la Policía

Como resultado de todo el trabajo descripto, el magistrado interventor dispuso efectivizar 40 allanamientos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en Mendoza, logrando la detención de tres de los principales involucrados como así también el secuestro de una suma millonaria (más de sesenta y cinco millones de pesos, 160 mil dólares, 25 mil euros, 30 mil reales, 1.500 francos suizos).

También secuestraron diversos elementos de computación para realizar la maniobra y una importante cantidad de documentación de vital interés.

Además, por disposición judicial se procedió a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibición de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de más de 22 personas, como así también se dispuso la clausura de seis oficinas ubicadas en el Microcentro porteño utilizadas para el intercambio ilícito de Cryptoactivos y/o Divisas Extranjeras.

Asimismo, se logró obtener direcciones de varias billeteras virtuales, lo que permitió estructurar los allanamientos participando en forma conjunta especialistas de la Policía Federal Argentina con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (U.F.E.CI) repercutiendo dicho trabajo en la obtención, y secuestro de más de 15 billeteras virtuales (cryptoactivos), que permitieron en primer instancia el secuestro instantáneo de más de 50 mil dólares y el rastreo de otras cuentas y subcuentas vinculadas con sumas millonarias.

En relación a la documentación secuestrada, no se descarta que en las próximas horas se lleven a cabo nuevos allanamientos como así también los detenidos serán remitidos a sede tribunalicia para ser indagados.