El Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamaron este lunes en el juicio al comando de la VII Brigada penas que van de 4 a 25 años de prisión para nueve represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Corrientes, informaron fuentes judiciales.

Primero el fiscal Flavio Ferrini y luego el abogado querellante Manuel Brest Enjuanes, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron al Tribunal Oral Federal de Corrientes que los nueve imputados, exintegrantes del Ejército y de la Gendarmería Nacional, sean condenados a penas de entre 4 y 25 años de prisión por crímenes cometidos contra 104 víctimas en centros clandestinos de detención de la provincia.

En una audiencia, que se extendió desde las 9 a las 16, solicitaron 25 años de prisión para el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y los coroneles Raúl Harsich y Horacio Losito.

También se reclamaron 15 años de prisión para el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; 12 años para el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón; 10 años para el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y cuatro años para el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

Asimismo, el fiscal Ferrini pidió al TOF correntino tres medidas de reparación.

En primer lugar, formuló la solicitud formal a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para que rectifique y entregue a sus familiares los legajos de docentes y estudiantes que fueron víctimas de los delitos investigados en este juicio.

Luego, solicitó que toda la documental de la causa, una vez que llegue a instancia de sentencia firme, sea entregada al Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde funcionó un centro clandestino.

En tercer término, pidió que se exhorte a medios de prensa, cementerios y municipios de la zona a que brinden información sobre la aparición en el río Paraná, en febrero de 1977, de dos cuerpos atados con alambre a piedras.

Ese dato había sido aportado por el sobreviviente Miguel Busso, que testificó en este juicio el 23 de agosto pasado.

El Tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias dispuso que las respuestas de las defensas sean pronunciadas a partir de este miércoles, previendo para esa instancia las audiencias del jueves y el viernes venidero.

En tanto se estableció que la sentencia será dictada el 18 de octubre próximo, indicaron fuentes judiciales a Télam.

El juicio al comando de la VII Brigada exploró el circuito represivo desarrollado en Corrientes durante la dictadura a través de diversos centros clandestinos de detención y exterminio de personas, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad contra 104 víctimas, de las cuales ocho permanecen desaparecidas y entre quienes hubo dos homicidios.