Una estafa piramidal, a partir de un grupo familiar que comenzó a operar como agente inmobiliario, pero luego se dedicó al manejo de fondos financieros de terceros a través de la promesa de constitución de un fondo de inversión para la construcción de un barrio de viviendas, sacude a la ciudad de Rafaela.

En medios judiciales se estima que la maniobra habría perjudicado a unos mil ahorristas y que el monto de las operaciones superaría los 20 millones de dólares.

Desde el lunes pasado, cuando la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de allanamientos, están detenidas 8 personas: una mujer de 70 años, sus dos hijos, una prima de ellos y cuatro empleados de la firma investigada (una mujer y tres hombres). Todos responden a lo que se conoce como Grupo Spaggiari, una tradicional familia rafaelina que comenzó dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero que luego se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos del ramo.

Los detenidos serían considerados, en mayor o menor grado, presuntos responsables de los delitos de estafa fraudulenta y asociación Ilícita. No obstante, si se determina la existencia también de delitos de lavado de activos, la causa podría pasar al fuero federal.

El caso comenzó a generar preocupación entre los ahorristas a fines de 2022, cuando se discontinuó el pago de intereses que habrían pactado con el Grupo Spaggiari.

“Esto no es de ayer o de hace un año. Los Spaggiari comenzaron hace 7 u 8 años a recibir dólares y mensualmente devolvían los intereses pactados. Tenían la fachada de lo que fue, una inmobiliaria, pero trabajaba no solo la familia, con la madre de 70 años incluida, sino que también había empleados. Se recibían ‘depósitos’ de dólares y se pactaba un interés mensual; quien quería lo cobraba o lo dejaba para engrosar sus ahorros. Como otros casos que se conocieron en el país, se aplicaba el denominado Sistema Ponzi, un fraude de inversión que consiste en pagar a los inversores existentes con los fondos de los nuevos”, explicó una fuente cercana a la investigación.

Desde los Tribunales de Rafaela trascendió que el fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Loyola, de Delitos Complejos, ya contaría con 65 denuncias certificadas. No obstante, el número de damnificados es mucho mayor, y se especula que muchos no se animarán a presentar demandas por diversos motivos, fundamentalmente, relacionados con la opaca relación de su patrimonio con el fisco.