El exjefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini, fue designado como asesor del Ministerio de Educación de Santa Fe a fines de diciembre del año pasado, a pesar de que fue acusado de recibir coimas para evitar que se investigue la red de juego clandestino que comandaba el empresario Leonardo Peiti. En rigor, no hubo hasta el momento reproche penal para el ex hombre fuerte policial, pero ante su nombramiento el diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Del Frade, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo informe “los argumentos” de la designación. El ministro de Educación José Goity declaró ante la consulta de este diario que "las funciones que tiene Corbellini dentro del ministerio en la Regional Sexta es acompañar, asesorar y hacerse presente ante situaciones como balaceras, amenazas y vandalizaciones en escuelas. Hasta ahora lo viene haciendo de manera correcta y creemos que tiene los recursos de la persona idónea para esa función", remarcó el funcionario, que además reveló que si bien el nombramiento del exjefe policial es "ad honorem, se le paga una manutención de unos 300 mil pesos mensuales".

El proyecto presentado por del Frade aclara que Corbellini fue designado como asesor de “intervención en crisis en ámbitos de la Subsecretaría de Convivencia y Construcción de Ciudadanía” del Ministerio de Educación. Sin embargo, cuestiona este nombramiento ya que el exjefe de la PDI quedó manchado en la declaración del capitalista de juego Leo Peiti que estaba siendo investigado por sus nexos con Los Monos, así como con la política y la policía. 

Se trata de una asociación ilícita –comandada por Peiti– que tuvo trascendencia en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, ya que involucraba al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, y al exfiscal regional Patricio Serjal, quienes fueron separados de sus cargos y posteriormente condenados por participar de esta red de juego clandestino, a la que protegían judicialmente. 

En el caso también aparecieron nombrados el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, y el propio Corbellini. El pedido de informes de Del Frade se ampara en declaraciones judiciales brindadas por Ponce Asahad y Peiti, en donde indicaron que Corbellini recibía y distribuía dinero ilegal, con el fin de evitar que la policía investigase esta red de juego clandestino.

El 4 de diciembre del 2020, el exfiscal Ponce Asahad declaró ante la jueza Eleonora Verón que Peiti le pagaba “una coima mensual al comisario Corbellini”. Según este testimonio, los pagos se efectuaban en un bar de avenida Francia y Mendoza.

Además, el exfiscal advirtió que las coimas no iban solo para Corbellini, sino que este también distribuía el dinero entre “otros actores” que, se presume, habrían brindado ciertos tipos de protecciones a la red.

Poco después de que se conocieran estas declaraciones, Del Frade presentó un proyecto en la Legislatura santafesina para conocer “el legajo completo del exjefe de la Policía de Investigaciones, qué procesos tuvo en su actividad dentro y fuera de la fuerza y en qué terminaron cada una de esas actuaciones”. Sin embargo, nunca tuvo respuestas a estos interrogantes.

Un año más tarde, el 5 de diciembre de 2021, Rosario/12 publicó parte de las declaraciones judiciales del empresario Peiti: “En una época tengo una pelea con un jefe de la policía, que es (Daniel) Corbellini. Yo le daba dinero porque entre él y (José Luis) Amaya manejaban todo el juego en la provincia, y después repartirían con los distintos estamentos. Pero si acá funcionó y prosperó es porque los grandes manejadores del tema eran Corbellini y Amaya”.

“Pero era toda una lucha por lo que quería cobrar la policía. Si vos le dabas cinco, ellos querían 15 o 20. Uno se puso firme y no le quise dar lo que ellos querían y a partir de ahí, yo me quise retirar y el tipo, como era el jefe de la PDI, hizo una investigación y se la facilitó a (el fiscal de Melincué Matías) Merlo, que viene con una serie de allanamientos para hacerme”, continuó Peiti.

Y concluyó: “Aparece en Rosario solicitando el allanamiento de no sé cuántos lugares que querían poner como que eran míos, pero no eran míos, inclusive hacía una semana o quince días que ya habían sido allanados esos lugares por la Fiscalía. Entonces a Merlo la jueza, que se llamaba Carrara, en muy buen proceder le deniega los allanamientos”.

Cuando los fiscales le preguntaron cuándo y dónde efectuaban esos pagos, el empresario indicó: “La mayoría de las veces me mandaba a un gordo que se llamaba (Jorge) Fello, que tengo entendido murió (falleció en noviembre de 2018). Me acuerdo que en una oportunidad me pasó a buscar Fello por La Distinción y fuimos al estacionamiento del Alto (shopping). Hubo varios encuentros, no son fáciles de corroborar después de tanto tiempo que ha pasado… (Le pagaba) Aproximadamente 50.000 por semana”.

A pesar de estas declaraciones que involucran a Corbellini con la red de juego clandestino, el pasado 29 de diciembre, a través del decreto 236, se lo designó como “asesor de intervención en crisis” de la Subsecretaría de Convivencia y Construcción de Ciudadanía, que depende del Ministerio de Educación.

Ante esta situación, del Frade pidió saber “cuáles son las razones de la designación de Corbellini y por qué no se tuvieron en cuenta las denuncias producidas en sedes judiciales”.

Por su parte el ministro de educación José Goity reveló ante la consulta de Rosario/12 que "tomamos la decisión de incorporarlo por la situación crítica por la que atraviesan las escuelas sobre todo del departamento Rosario ante innumerables amenazas, balaceras y vandalizaciones, es decir todo tipo de agresiones sobre establecimientos escolares. Consideramos que necesitamos un recurso que tenga una capacidad de intervención en estas situaciones críticas, por eso él cumple la función de coordinar intervenciones en situaciones de crisis, y hasta ahora lo viene haciendo correctamente. Pensamos que tiene el conocimiento del territorio y de las situaciones que tienen que ver con investigaciones criminales y consideramos que es un recurso idóneo y es lo que necesitamos en este momento crítico para resolver situaciones que nos desbordan y que nos exceden como sistema educativo, y nos permite articular y coordinar con otras fuerzas del Estado intervenciones que, si bien no resuelven el problema, por lo menos nos dan herramientas para abordarlo con otra mirada".