El gobierno de La Rioja realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, donde volvió a solicitar la "suspensión total de los efectos" del DNU 70/2023, considerando que el máximo tribunal se encuentra en condiciones de resolver la medida cautelar que pidió en diciembre.
El pedido, se despachó desde la provincia gobernada por Ricardo Quintela e ingresó este martes a última hora con la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra.
En ese sentido, insisten en que la Corte "declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable".
El amparo impulsado por el gobernador Ricardo Quintela se presentó el 27 de diciembre pasado.
La Corte trasladó el expediente al procurador Eduardo Casal, pero aclaró que lo trataría al finalizar la feria judicial de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el DNU.
Sin embargo, la presentación no tiene efectos legales porque la Corte Suprema no tiene plazos y La Rioja argumentó que ya se completaron todos los pasos necesarios: Casal dictaminó a favor de la intervención de la Corte y también se notificó a la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, que emitió su respuesta.
El llamado "mega DNU" desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.