Los nubarrones se acumulan sobre Nicolas Sarkozy. Este miércoles, la justicia lo envió a juicio, acusado otra vez de "corrupción y tráfico de influencias", pero en una causa diferente a la supuesta financiación de su campaña de 2007 con dinero del exdictador libio Muammar Kadhafi. El Tribunal Financiero de París calificó los métodos utilizados por el expresidente francés en este segundo caso como los de "un delincuente experimentado".

El exjefe de Estado, de 63 años, que en las últimas semanas había iniciado un discreto retorno a la vida política, está acusado de haber prometido intervenir en 2014 en favor de Gilbert Azibert, alto magistrado del Tribunal de Casación, a cambio de informaciones secretas sobre el llamado "caso de las escuchas telefónicas". Azibert pretendía obtener un puesto prestigioso en Mónaco.

La investigación había terminado en 2016, pero se demoró por diversos recursos presentados por los abogados.

Ocho días después de haberlo inculpado oficialmente por la supuesta financiación ilegal de su campaña en 2007, ahora la justicia también decidió juzgarlo ante el Tribunal Correccional. En el banquillo de los acusados se sentarán además su abogado, Thierry Herzog, que al parecer actuó como intermediario, y el exmagistrado Gilbert Azibert.

El tráfico de influencia que le reprocha la justicia corresponde a un proceso paralelo -aunque indirectamente vinculado- al caso del dinero libio.

Los investigadores habían obtenido autorización judicial para escuchar el teléfono de Sarkozy ante la sospecha de que pudo recibir financiación libia. Esas escuchas permitieron conocer conversaciones entre el expresidente y su abogado, y deducir que con la complicidad del juez Azibert- ambos trataban de obtener información secreta sobre otro sumario que investigaba la justicia: saber si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, había participado en la financiación ilegal de su campaña de 2007.

En marzo de 2016, el Tribunal Supremo consideró que la gran mayoría de las escuchas al expresidente eran pruebas válidas para sustentar su inculpación.

En noviembre de 2017, la fiscalía del Tribunal Financiero comparó el comportamiento de Sarkozy con los métodos de un "delincuente experimentado". Gracias a los diálogos con su abogado, la justicia pudo saber que habían abierto una línea de telefonía celular secreta a nombre de un personaje inexistente llamado "Paul Bismuth". [Desde entonces, en el mundo de la delincuencia francesa se conocen como "Bismuth" los teléfonos sacados con falsa identidad que se usan con tarjetas prepagas].

Además de esos juicios, Sarkozy tiene pendiente otro proceso, conocido como "caso Bygmalion". Se trata de un complejo montaje de facturas falsas para ocultar gastos electorales y burlar los límites legales de la financiación de su campaña en las presidenciales de 2012. En ese expediente, la justicia afirma que gastó al menos 42,8 millones de euros, cifra que casi duplica los 22,5 millones autorizados.

Fuente: La Nación/Luisa Corradini.