El propietario del inmueble donde funciona la Policía Comunitaria del Barrio Roma, Héctor Caloia, estuvo presente en la reunión que se realizó esta tarde en la sede de la vecinal del barrio entre los vecinos y autoridades policiales. Allí detalló la situación que está atravesando a raíz de la falta de pago del local que cedió en alquiler para que funcione el destacamento
"Vine a para clarificar el tema de que no hay una acción mía de desalojo de la policía", dijo Caloia a LT9, al tiempo que denunció que "jamás firmaron un contrato de alquiler. Tampoco mostraron voluntad en solucionar el problema. Están prácticamente usurpando la vivienda hace dos años".
El dueño del lugar contó que les permitó acceder a la propiedad "de buena voluntad mientras iba en marcha el expediente, pero eso fue el principio del fin" porque nunca se consumó el alquiler.
La reunión entre los vecinos y las autoridades policiales se llevó a cabo hoy en la sede de la Vecinal Barrio Roma, luego de la marcha realizada el martes pasado para pedir justicia por Ariel Castelló y para exigir más seguridad.
"Entraron con el objetivo de colocar la cartelería y se asentaron en la casa. El expediente durmió y nunca más se movió", amplió Caloia. "Me cansé de presentar papeles que vencen cada dos o tres meses. No hay voluntad de los funcionarios en arreglar", sostuvo.
Al ser consultado sobre si tuvo comunicación con autoridades gubernamentales, el damnificado dijo que "hace meses que no tengo contacto con funcionarios. Ahora hay una abogada manejando el tema. Básicamente vine a esta reunión a visibilizar que no hay voluntad mía de que la policía se vaya del inmueble, simplemente quiero que se regularice la situación".
"Nadie se comunicó conmigo para nada. Es más, el contrato que se iba a firmar es por tres años, vencería en abril de 2019, quedaría un año más por delante, por qué deciden retirarse no lo sé", afirmó.
Servicios impagos
Además este problema con su propiedad, Caloia manifestó que "se generaron deudas con Aguas Santafesinas". "Ya tengo una citación extrajudicial que ronda un monto de los 16.000 pesos. A la propiedad le han quitado el gas y quitado el medidor y tienen una conexión clandestina de luz", denunció.
"No pueden colocar un medidor (de electricidad) porque no hay un contrato que lo avale, entonces esta gente optó por engancharse, hacer una conexión directa que está totalmente visible. Si cualquiera de nosotros tiene una conexión clandestina y es un delito penal", contó con desconcierto.
Vía Judicial
Caloia manifestó que si bien quiso solucionar el problema evitando instancias judiciales, debió acudir a una abogada para que se ocupe del conflicto. "La abogada ha tenido algunas conversaciones con gente del Ministerio de Seguridad y se tendrán hacer las denuncias hasta penales". Siempre fui con buena voluntad, no lo hice por vía judicial porque pretendía siempre llegar a un arreglo pero siempre hay una excusa, siempre falta un papel", finalizó.
