La Policía Federal de Brasil presentó cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el general Walter Braga Netto y otras 35 personas por su presunta implicación en crímenes graves, como intento degolpe de Estado y organización criminal.

Estos señalamientos surgen de una investigación sobre la tentativa de un golpe de Estado para mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente electo democráticamente es acusado de conspirar contra la democracia.

El informe de la investigación fue remitido al Supremo Tribunal Federal (STF), detallando los crímenes atribuidos a los acusados con base en las pruebas recolectadas.

Pruebas contundentes

Según la Policía Federal, los implicados operaban dentro de una estructura organizada que asignaba tareas específicas, lo que permitió individualizar sus acciones y confirmar la existencia de distintos grupos en roles definidos.

Estas actividades incluyeron la difusión de desinformación, ataques al sistema electoral, incitación a las Fuerzas Armadas para respaldar un golpe de Estado y otras acciones operativas y coercitivas.

Entre las pruebas presentadas se encuentran mensajes de celular, videos, grabaciones, documentos y el testimonio de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, quien proporcionó información clave a cambio de beneficios legales.

Comandantes del Ejército y la Aeronáutica revelaron que Bolsonaro presentó una minuta golpista, aunque solo el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, habría mostrado disposición a apoyarla. Garnier, citado a declarar, optó por guardar silencio ante las autoridades.

Plan para asesinar a Lula

La investigación también descubrió un plan detallado para asesinar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del STF, Alexandre de Moraes.

Asimismo, se reveló cómo colaboradores de Bolsonaro participaron en estrategias para cuestionar la legitimidad del sistema electoral para debilitar la democracia y justificar posibles acciones golpistas.

El Supremo Tribunal Federal deberá enviar el informe a la Procuraduría General de la República, donde el procurador general, Paulo Gonet, analizará las pruebas y determinará si procede con
las denuncias.

"Tengo que estar mucho más agradecido ahora que estoy vivo. El intento de envenenarme a mí y a (el vicepresidente Geraldo) Alckmin no funcionó, estamos aquí", dijo el presidente Lula da Silva en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, durante una ceremonia para presentar una revisión de los contratos de concesión de autopistas y atraer la inversión privada en infraestructuras de transporte.

"No quiero envenenar a nadie, no quiero perseguir a nadie. Lo único que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos con números a quienes gobernaron antes que nosotros", dijo.

"Quiero medir con números quién hizo más escuelas, quién atendió a los más pobres, quién hizo más carreteras, más puentes, quién pagó más salario mínimo en este país, eso es lo que quiero medir porque eso es lo que cuenta en los resultados de la gobernabilidad", agregó el presidente. (Con información de Xinhua y NA)