El pasado 13 de Enero se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 9 una denuncia penal contra el Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo y el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Economía Iñaki Miguel Arreseygor, por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248 (Incumplimiento del Deber de Funcionario Público) y art. 265 (Negociaciones Incompatibles) de nuestro Código Penal en relación al proceso de confección de los pliegos para la licitación de la concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, re-dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal sobre los ríos Paraná y De La Plata (mal llamado Hidrovía).
La denuncia fue presentada por Gabriela Ferrer del Mopea de Santa Fe (Movimiento por el Agua), Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos y se fundamenta en la inobservancia del derecho ambiental de orden público aplicable en el caso que se relaciona con la participación ciudadana y una evaluación estratégica ambiental respecto a un plan de obras de altísimo impacto ambiental y transgeneracional sobre la cuenca de dos de los ríos más importantes del país. Además, desde las organizaciones ambientales suman razones fundadas sobre un direccionamiento en la licitación hacia una de las empresas oferentes.
En la presentación judicial, se da cuenta de los impactos ambientales que ha generado y sigue generando la Hidrovía, que pueden agravarse significativamente con consecuencias impredecibles ante la nueva licitación que contemplaría obras de dragados más profundos (se materializa la profundización de hasta 44 pies (13,41 metros de profundidad del canal troncal de navegación), lo que implica remoción de sedimentos altamente contaminados, nuevas terminales portuarias y un incremento significativo del tráfico con embarcaciones de gran porte, todo ello sin que se haya realizado una evaluación estratégica ambiental previa sobre la factibilidad y viabilidad de las condiciones ambientales y sin que se haya previsto una instancia de participación ciudadana de la población humana (cercana a los 20 millones de personas) que habita a lo largo de dos cuencas que involucra a 6 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual gran parte consume el agua que se extrae directamente de aquellas.
Los denunciantes expresan la insostenibilidad ambiental del objeto de la licitación y la importancia fundamental -en el marco de una sociedad democrática- del derecho de toda la sociedad a estar debidamente informada de lo que aquella implica.
En exclusivo por la Nueva 9, Gabriela Ferrer miembro del Movimiento por el Agua -Mopea- Santa Fe brindó detalles de la denuncia, "presentamos una denuncia penal ante el Jurado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, por el incumplimiento del deber de funcionario público por la abierta inobservancia de la normativa ambiental".
Según explicó Ferrer, la obra que planea licitar el ejecutivo nacional "puede generar severos impactos en el equilibrio ecológico cultural y social vinculado a las cuencas".
Dentro del reclamo, primeramente las organizaciones ambientales plantearon que "no que hubo una instancia de participación ciudadana previa a la elaboración, es decir, en la etapa de confección de los pliegos" y por este motivo argumentan que se desconoció el Acuerdo Escazú sobre la participación ciudadana -acuerdo que Argentina ratificó en el 2020-. Además, la referente señaló que tampoco "hubo una evaluación estratégica ambiental, como prevé una resolución que se dictó en 2019, específicamente para megaobras de este tipo".
En esta línea, Ferrer manifestó su preocupación "estamos hablando de la obra pública más grande que se está tratando en ese momento en Argentina y han pasado por alto los intereses de la gente que hoy en día vive directamente de esta cuenca, más de 20 millones de personas toman el agua potable directamente de ahí o de los ríos a los que tributa esta cuenca, empezando principalmente por Santa Fe".
La integrante de Mopea denunció que en esta instancia de elaboración de los pliegos "se le dio participación a las empresas potenciales oferentes y no podemos centrarnos en la hidrovía como si fuera netamente una vía mercantilista" y agregó el plus de la incertidumbre con respecto al dragado ya que "no hay registros de ni antecedentes en el mundo de un dragado semejante".
Finalmente, sobre el estado de la denuncia, Ferrer comentó que están esperando la designación de un fiscal, situación que se complejiza por la feria judicial, sin embargo, sostuvo que "si esta denuncia no prospera, avanzaremos por otras vías judiciales pertinentes, el primer día hábil".
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