Ante el crecimiento de reclamos de clientes bancarios víctimas de estafas, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe mantuvo este martes una reunión a través de videoconferencia con autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para analizar la situación de los casos denunciados y evaluar medidas de prevención y control.
Del encuentro participaron el defensor del Pueblo ad hoc, Gabriel Savino; el director de Atención a la Ciudadanía de Rosario, Leandro Piazza; el de Santa Fe, Julio Mufarreje; el director de Asuntos Jurídicos, Mariano Vodanovich; y la coordinadora del Área de Defensa al Consumidor Analía Falistocco.
Uno de los principales temas abordados fue la problemática de los créditos preacordados que se otorgan sin cumplir con las disposiciones del BCRA en materia de seguridad bancaria. Se evidenció que la falta de verificación rigurosa de la identidad de los solicitantes facilita la acción de estafadores, quienes, a través de técnicas de ingeniería social y la emulación de sitios bancarios, logran vulnerar los sistemas de seguridad y engañar a los usuarios.
La Defensoría señaló la importancia de reforzar los mecanismos de control en todas las operaciones de créditos preaprobados, ya sea a través de cajeros automáticos, terminales de autoservicio, banca online y aplicaciones móviles. Además, propuso la implementación de técnicas de verificación positiva de identidad (VIP) para evitar fraudes y minimizar los riesgos asociados a la falta de educación financiera de los usuarios.
Las consecuencias de estas estafas no sólo generan pérdidas económicas inmediatas, sino también deudas de largo plazo, cobros judiciales, embargos y deterioro del historial crediticio de las víctimas. Asimismo, se alertó sobre la proliferación de créditos otorgados a personas sin capacidad financiera, en muchos casos jóvenes que terminan endeudados por su participación en apuestas online, fomentando la ludopatía y afectando gravemente a sus familias.
Desde la Defensoría del Pueblo se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la implementación de medidas que fortalezcan la seguridad en el sistema financiero.