Este viernes, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe fue sede de una reunión con organizaciones civiles, profesionales del área de la salud y autoridades provinciales, con el objetivo de abordar la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan las personas con discapacidad en la región beneficiarias de pensiones no contributivas (PNC).

A raíz de esta situación, Gabriel Savino, Defensor del Pueblo, habló en exclusiva con la Nueva Nueve y sostuvo que desde el Gobierno Nacional se están llevando a cabo mecanismos de "perversidad para mostrar a la persona con discapacidad muy vulnerable".

Además, dejó en claro que desde la defensoría del pueblo no están en desacuerdo con tratar de sincerar y validar la discapacidad, "el problema no es el tema, sino la forma".

El Gobierno Nacional solicitó -a través de una intimación por carta documento- la entrega de la documentación requerida como paso fundamental para la renovación de la pensión no contributiva.

Savino destacó que "el 50% de las personas que son beneficiarias nunca fueron notificadas", lo cual es preocupante ya que "en un breve plazo esas pensiones, al no  tener una comunicación fehaciente y no poder recibir el turno para la auditoría, se darían de baja".

Esta situación se podría dar a raíz de que los hospitales públicos no tienen capacidad suficiente para dar turnos con el fin de hacer la auditoría correspondiente para la revalidación del beneficio. "Es casi imposible hacer una auditoría en un sector público que está abarrotado y colapsado si todas las personas irían específicamente a hacerse esta validación", señaló el defensor.

Además del problema de falta de capacidad en los efectores públicos, hay personas que fueron notificadas correctamente pero deben trasladarse desde 50 hasta 150 kilómetros hacia el efector al que fueron asignados, generalmente en ciudades cabeceras.

Otro de los grandes problemas de los gobiernos provinciales y los efectores de salud, es la inexistencia de un padrón de beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez, situación que "es aún más grave".

"El problema de personas que están padeciendo discapacidad, es un problema muy grave, porque no solamente está padeciendo la persona, sino el entorno familiar o de convivencia, el sector sanitario, el municipio o la comuna" concluyó el Defensor del Pueblo.