En el marco de la primera reunión de negociación salarial correspondiente al segundo trimestre del año, los gremios estatales ATE y UPCN se encontraron con representantes del gobierno provincial para plantear sus demandas. 

El encuentro giró en torno a la necesidad de corregir el desfasaje entre el incremento salarial otorgado y la inflación registrada en el primer trimestre, así como la proyección de una nueva política salarial para los próximos meses.

Jorge Molina, secretario general de UPCN, explicó que "hubo un desfasaje evidente", ya que mientras la inflación en sectores como Seguridad y Tecnología alcanzó el 9,5%, la política salarial general solo otorgó un 5%. A pesar de la implementación de un mínimo garantizado que benefició a varios trabajadores, Molina remarcó que "hay una base salarial muy baja que es urgente atender".

Por su parte, Marcelo Delfor, de ATE, hizo hincapié en la situación de los trabajadores de niveles 4 y 5, del sector salud, y de los asistentes escolares, que perciben los salarios más bajos dentro de la administración pública. Ambos gremios insistieron en que la recomposición debe priorizar a estos sectores.

Respecto a la posibilidad de implementar una cláusula gatillo para actualizar los sueldos automáticamente según la inflación, los dirigentes fueron cautos: "Es muy complicado hablar de cláusula gatillo en este contexto. Preferimos garantizar incrementos efectivos para los compañeros más vulnerables que atarnos a índices de inflación bajos" sostuvo Molina.

Además, destacaron la importancia de reactivar las paritarias jurisdiccionales dentro de cada ministerio para fortalecer la participación de los trabajadores en la definición de las políticas salariales.

La negociación continuará el próximo miércoles, fecha en la que el gobierno provincial debería presentar una propuesta concreta de recomposición. Mientras tanto, los gremios aseguraron que mantendrán el diálogo y que la convocatoria a medidas de fuerza será considerada solo como "última instancia", remarcando la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad en el actual escenario económico.

Finalmente, advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo no solo responde a cuestiones locales, sino también al impacto de la política económica nacional y a la caída de la coparticipación, factores que afectan directamente a los salarios de los trabajadores públicos.