El debate por la posibilidad de que Santa Fe adhiera a la ley de desfederalización del narcomenudeo —que implica que sean las provincias las que investiguen las causas menores de narcotráfico— tuvo una jornada de debate en el hall del Concejo Municipal de Rosario. Referentes de distintos sectores expusieron sus argumentos respecto del espíritu de la ley y de las posibilidades de aplicación en la provincia. El intercambio de información entre las distintas fuerzas de seguridad y la estructura judicial para perseguir al narcotráfico fueron dos de los ejes en los que se hizo foco.

El encuentro tuvo lugar el viernes pasado y fue organizado por la Fundación Igualar y por Eduardo Toniolli, concejal del Movimiento Evita. El fiscal federal Adolfo Villate, el juez de Cámara Penal Daniel Acosta, el diputado provincial Carlos Del Frade, Enrique Bertini, de la Fundación Compromiso Ciudadano, y Betina Zubeldía, de Madres Territoriales Contra las Adicciones, participaron junto a Toniolli en una mesa moderada por el ex concejal Fernando Rosúa.

El proyecto

En 2005 se aprobó un proyecto de ley presentando por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, acerca de la desfederalización de los delitos vinculados con las drogas. El proyecto tomó forma en la ley 26.052, que vino a modificar la normativa de tenencia y tráfico de estupefacientes, la 23.737.

En líneas generales, la nueva normativa modificaba la anterior para establecer que los delitos relacionados con estupefacientes son competencia de la Justicia Federal "excepto para las provincias que mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo". Esa adhesión quedaba a voluntad de cada provincia. Las que se sumaron fueron Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa y, recientemente, Entre Ríos.

En Santa Fe, en los años 2013, 2014 y 2016 se presentaron en el Senado proyectos para adherir a la normativa nacional pero ninguno prosperó. En noviembre del año pasado la Cámara Alta logró media sanción para la aplicación de la ley de narcomenudeo en el territorio provincial, por lo que deberá tratarse en Diputados.

En este contexto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lleva adelante una ofensiva para que las provincias que aún no lo hicieron adhieran a la normativa. Y a nivel local cuenta con el respaldo del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aunque con la oposición de la Corte Suprema de Justicia.

Críticas

Una de las principales críticas vertidas en el debate del viernes fue que la ley de narcomenudeo en vez de permitir a la Justicia Federal profundizar las investigaciones contra la narcocriminalidad para que las fiscalías provinciales se encarguen de perseguir a los pequeños vendedores, hizo que en más del 80 por ciento de los casos se terminara penalizando al consumidor igual que al vendedor y sin tratamiento para los casos de adicción severa.

Toniolli hizo un repaso de un informe presentado en 2014 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en el que quedó plasmado en números qué ocurrió en las provincias que adhirieron a la ley.

Uno de los argumentos para potenciar la adhesión fue que, de asumir las provincias la persecución de delitos menores, la Justicia Federal podía invertir todos sus recursos en investigar a los grandes narcotraficantes.

Analizando los datos cuantitativos del informe de la Procunar, el edil expuso que en el caso de Buenos Aires "derivó en una merma en la cantidad y en la calidad de causas iniciada en el fuero federal por figuras más graves que las causas menores".

"Los números en ese sentido son contundentes: cuando todavía no existía la adhesión, las causas iniciadas en provincia de Buenos Aires por estupefacientes en el fuero federal eran 10.044. Al año siguiente (2006), 1.222; en 2007, 815; y en 2008, 631. Una merma del 94 por ciento en 3 años", expuso

"Alguien —agregó— podría decir que es una consecuencia lógica de que se le retire a la Justicia Federal las causas menores, pero en realidad se verifica paralelamente un continuo descenso en el ámbito federal de causas por tipos penales que pasaban a ser de su exclusiva competencia, es decir, causas más grandes: por delitos mayores, de 2005 a 2008 se da un descenso en las causas por tenencia con fines de comercialización del 88 por ciento y por comercio simple del 89 por ciento". Es decir: que la Justicia Federal no tuviera que ocuparse de las causas menores no hizo que se afianzaran las investigaciones en las causas más grandes.

El mismo informe de la Procunar del año 2016 confirmó otro dato: que en materia de estupefacientes, se sigue persiguiendo más a los consumidores o a los pequeños vendedores que a las grandes estructuras narco.

Expositores

En la mesa convocada el viernes pasado en el Concejo Municipal hablaron dos referentes de la Justicia federal y provincial: el fiscal federal y ex titular de la Procunar Adolfo Villate y el juez de Cámara Penal de Rosario Daniel Acosta. Ambos compartieron un punto en contra de la adhesión: que separar en distintas competencias las investigaciones de un mismo delito impide que la Justicia Federal, encargada de perseguir los delitos más complejos, se quede sin la información con que más se cuenta en este tipo de casos, que es la que proviene de investigar los búnkers y la venta minoristas para, de ese modo, llegar a las grandes estructuras.

"El narcomenudeo es la manifestación última de un fenómeno que es un mercado. Y como en todo mercado, los negocios minoristas le compran a un mayorista y se arma toda la cadena de comercialización. Para conocer al dueño hay que partir, salvo que tengas un dato, de las manifestaciones más visibles que son los puntos de ventas", dijo Villate.

Para el fiscal, dividir las investigaciones en dos niveles lleva a que la Justicia Federal se quede sin ese insumos: "La ley pretende que las fuerzas de seguridad federales y provinciales trabajen en forma conjunta, pero desconoce la dificultad que hay en el intercambio de información. Si hay una razón de ser para que el narcotráfico sea un delito federal, es que es un delito que sucede de forma transjurisdiccional, que se comete en más de una provincia. La complejidad está en empezar a tener que coordinar el intercambio de información. La información con la que cuenta una fuerza y otra no es intercambiada livianamente, sino que hay mucho celo en lo que cada fuerza averigua y en lo que comparte".

El juez Acosta opinó en el mismo sentido: "Pertenezco a la última generación de jueces que estuvo en contacto con la policía y desde ahí les digo que en todas las estructuras de seguridad existe un recelo por compartir el mayor capital que tienen, que es la información, y que no son muy proclives a darlo a otros actores".

Villate marcó otra cuestión fundamental en la posibilidad de que la Justicia Federal persiga este tipo de delitos: las estructuras que la Justicia tiene en el interior del país. "Las estructuras no se actualizan desde 1979. Desde esa fecha el Poder Judicial de la Nación no creó en Rosario nuevas fiscalías ni juzgados. Eso es terrible porque el aumento poblacional y de la cantidad de delitos cometidos en lo que es el narcotráfico fue geométrico. No tener estructuras que permitan investigar los delitos como corresponde habla de las decisiones políticas que hay que tomar. Hoy en día, sólo por proporción de habitantes deberíamos tener nueve fiscales. Pero hay sólo tres", remarcó.

Fuente: La Capital