Pese a que gran parte de la expectativa por las palabras del gobernador Miguel Lifschitz ante la Asamblea Legislativa estuvo centrada en el proyecto de reforma constitucional y su posible reelección, el pedido público del jefe de la Casa Gris para que los magistrados provinciales puedan intervenir en investigaciones por comercialización de drogas a baja escala —narcomenudeo— amplificó reacciones a favor y en contra, tanto en el frente político como en el judicial.

Durante su discurso del martes pasado en la Legislatura santafesina Lifschitz había asegurado que "llegó el momento de habilitar a los jueces provinciales para perseguir el narcotráfico".

De hecho, el socialista duplicó ayer la apuesta al recordar: "Cuando este proyecto (del senador provincial de la UCR Lisandro Enrico) se votó la primera vez y tuvo media sanción yo representaba al departamento Rosario en la Cámara alta y fui el único que votó en contra".

"Todos mis colegas apoyaron el proyecto. Yo también tenía reparos porque entendía que lo mejor era que la Justicia federal pueda abordar toda la complejidad del tema", admitió Lifschitz. 

Sin embargo, y a título personal, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, aclaró: "Siempre estuve en contra del traspaso a las provincias de la competencia del narcomenudeo".

"Es algo que siempre dijimos desde la Junta Federal de Cortes, porque hay varias provincias, como Córdoba, Chaco y Salta, que ya tienen competencia", rememoró el magistrado.

Si bien Gutiérrez advirtió que "faltan jueces federales y elementos técnicos para encarar la investigación", enfatizó que "existe un compromiso de la Nación para nombrar nuevos magistrados (de ese fuero) con competencia exclusiva en los temas de estupefacientes".

De inmediato, reiteró que la problemática "debe ser competencia federal, además por la investigación, porque el tema de drogas empieza por el menudeo y después sigue".

"Si una investigación la hace la provincia y la otra es federal, son paralelas y hay un corte en el medio que es inconveniente", fundamentó el juez.

Asimismo, Gutiérrez estimó que, si se acordara el traspaso a la Justicia de Santa Fe "habría que nombrar más magistrados, además de contar con nuevos elementos técnicos para investigar" el narcomenudeo.

En sintonía, Daniel Erbetta, integrante del alto tribunal provincial, se manifestó en contra de la promulgación de una ley que permita a la Justicia santafesina investigar el narcomenudeo.

"Es un tema viejo. Esta ley viene de la época del gobierno de Carlos Menem y es muy particular porque es una suerte de desfederalización de la ley de drogas a la carta, o sea, a opción de cada provincia".

Erbetta también relativizó el valor de esa ley. "En términos de eficacia, en las provincias que adhirieron no hubo ningún impacto en lo que considero debe ser la concentración de los recursos del Estado para combatir el narcotráfico", indicó, al tiempo que también alertó respecto de los recursos extra que demandaría su aplicación en Santa Fe.

Por su parte, el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, respaldó el planteo de Lifschitz . "Pedimos a Diputados la ratificación de esa normativa (que tiene media sanción en el Senado), pero con modificaciones que estamos sugiriendo. No es igual a lo que se ve en otras provincias", fundamentó.

Posiciones

El 30 de noviembre de 2017, en el Senado provincial se avanzó hacia la adhesión de la denominada ley de narcomenudeo, impulsada por Enrico, aunque con poco respaldo (cinco legisladores se abstuvieron).

Tras destacar que una eventual adhesión a la ley significará que "habrá que coordinar mucho más" con las fuerzas federales, Silberstein recordó que la norma "expresamente sostiene que no se persiga al consumidor".

En tanto, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, se mostró a favor de la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo que pretende el gobernador, pero advirtió que entre sus pares y los jueces santafesinos hay posiciones divididas.

"Estoy de acuerdo en que la provincia se haga cargo (de las investigaciones sobre el narcomenudeo), pero la posición adentro de la fiscalía no es unánime", aseveró Baclini .

Según el fiscal general, "para poder sostener el diseño de una política criminal es necesario que el órgano encargado de perseguir los delitos tenga la capacidad de investigar todos o una gran cantidad de las transgresiones que se registran". Y destacó como "satisfactorias" las experiencias en ese sentido de Córdoba y Salta.

Paralelamente, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, señaló: "Con esta ley no sólo la Justicia federal podrá intervenir en las cuestiones de microtráfico sino también la policía y la Justicia santafesinas para, rápidamente, golpear esos puntos de venta".

Fuente: La Capital