Esta semana, la Secretaría de Energía de Argentina sacó un comunicado expresando que el tiempo de espera ya llegó a su límite porque Bolivia no sólo incumple con el contrato en curso, sino que se niega a reformularlo a una escala que pueda cumplir. Lo último parecería ser el detonante de la discusión ya que al mantener la actual escala, esto obliga a la Argentina a seguir pagando grandes sumas de dinero por un gas que no recibe. 

Las negociaciones por el tema del gas se cursan a través de la empresa estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina Ieasa (ex Enarsa).

El estado argentino, según la publicación, pretende que Bolivia firme una adenda al contrato de compraventa de gas natural vigente desde octubre de 2006, para adecuarlo a un rango que YPFB cumpla y de esa manera poder ordenar su planificación de suministro de energía. Con ello, la intención del Gobierno nacional sería garantizar los mínimos fijados por la Secretaría de Energía para este año, insertando la porción que corresponde al gas boliviano en una proporción realista y efectiva.

La última adenda al contrato (que ya se renegoció cinco veces) que ya finalizó en diciembre del año pasado implicaba un suministro diario de 10,7 millones de metros cúbicos de gas (Mm³) en verano y 18 Mm³ en invierno. Estos volúmenes son a su vez una renegociación del contrato del 2020 que establecía un suministro diario todo el año de 21,3 millones de metros cúbicos diarios. Pero incluso este rango ajustado, Bolivia lo viene incumpliendo en una escala tan grande, que en algunos tramos llegó a bajas diarias de 2 Mm³.

En consecuencia, la nueva adenda que propone la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martinez para el 2022 establece una provisión de 7 millones de metros cúbicos en el verano y la duplica en los meses del invierno. Si Bolivia no accede teóricamente se debería volver al contrato original que establecía una provisión de 23 Mm³ durante todo el año.

Para el Gobierno del vecino país es un problema importante porque la falta de provisión de gas desde Bolivia lo obliga a salir a buscar el faltante en el mercado a precios más alto y con un desembolso inmediato de dólares, que se sabe que no abundan debido a la crisis económica actual.

Por otro lado, el ala más dura del Gobierno argentino propone transferirle directamente a la estatal boliviana el costo que se eroguen de más para terminar de completar la provisión que Bolivia no está cumpliendo.

Lo paradójico, es que la Argentina tiene más gas del que puede utilizar en el yacimiento de Vaca Muerta - que de hecho, exporta a Chile-, pero no puede abastecer el norte argentino por la demora en construir el gasoducto Néstor Kirchner. Si bien en noviembre del 2021, el actual presidente de la Argentina, Alberto Fernández, anunció que se iban a destinar USD 400 millones del Tesoro para empezar de manera inmediata su construcción, siguen pasando los meses y sigue sin firmar el decreto para licitar las obras. Las provincias más afectadas por la demora en concretar esta obra estratégica son Salta y Tucumán, que siguen dependiendo del gas boliviano para hacer funcionar sus centrales de generación eléctrica.