Un juez federal emitió ayer una prohibición temporal contra las deportaciones rápidas de padres inmigrantes que fueron reunidos con sus hijos que ejecutaba el Gobierno de Estados Unidos, mientras el tribunal considera su impacto en el derecho de los menores de solicitar asilo.

El Gobierno está trabajando para cumplir un plazo judicial que vence el 26 de julio para reunir a hasta 2.550 niños que fueron separados de sus padres por funcionarios de inmigración después de que fueron detenidos cuando cruzaban ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos.

Las familias fueron separadas en el marco de la campaña del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, una medida que motivó críticas internacionales. El mandatario ordenó el fin de la medida el 20 de junio.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) ha señalado este lunes en documentos judiciales que los padres inmigrantes deberían tener una semana tras el encuentro para decidir si quieren dejar a sus hijos en Estados Unidos o buscar el asilo por separado.

«Una estancia de una semana es una medida razonable y apropiada para garantizar que el inimaginable trauma que han sufrido estas familias no empeore porque los padres tomaron una decisión malinformada sobre el destino de su hijo», ha aseverado la ACLU en una presentación ante un Tribunal Federal de San Diego.

El juez de distrito Dana Sabraw pidió al Gobierno que respondiera y fijó la próxima audiencia para el 24 de julio. En el ínterin, detuvo las deportaciones rápidas.

En una demanda relacionada presentada este lunes en la ciudad de Nueva York, Legal Aid Society ha pedido una orden de un tribunal federal para exigir un aviso de 48 horas antes de que las familias se reencuentren, para dar a los padres una mejor opción de consultar a un abogado sobre una posible solicitud de asilo u otras opciones para sus hijos.

En la audiencia de este lunes en California, el juez ha respondido a la insinuación de un abogado del Gobierno de que las deportaciones rápidas ayudan al reencuentro de las familias, al crear más espacio para las familias en centros de detención.

«La idea de que esto vaya a desacelerar o detener los reencuentros, eso no es una opción», ha afirmado Sabraw. «Si el espacio es un problema, el Gobierno hará espacio», ha añadido.

Sabraw ordenó el 26 de junio la reunificación de los niños con sus padres dentro de unos plazos específicos, y ha estado supervisando el proceso.

La mayoría de los niños han sido entregados a uno de sus padres, pero el Gobierno aún intenta hallar a los progenitores de 71 jóvenes bajo su cuidado, según ha informado al tribunal el funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Jonathan White. Todos los menores de 5 años han regresado con sus padres, según el Gobierno.

Muchos inmigrantes separados de sus hijos buscaban solicitar asilo tras escapar de la violencia y el crimen en Guatemala, El Salvador y Honduras. (EFE)