La Iglesia y el Gobierno comenzaron a dar los primeros pasos para reducir progresivamente el sostenimiento económico del culto por parte del Estado.

Así lo informó el Episcopado, al concluir hoy la reunión de dos días de la comisión permanente y señalar que "se acordó seguir profundizando nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional".

El avance de las negociaciones se da en momentos en que, luego de la tensa discusión sobre la legalización del aborto, varias organizaciones que promovían la ley, identificadas ahora con "pañuelos naranja", reclaman avanzar en una plena separación entre la Iglesia y el Estado.

Según estimaron fuentes del propio Gobierno, dicho monto constituye apenas apenas el 0,04% de los $300.000 millones que se procura ahorrar para reducir el déficit fiscal, y no supera el 7% del volumen del dinero que maneja la Iglesia para todas sus obras.

Ambas partes formaron una comisión que desde mayo último analiza distintas alternativas para acordar una propuesta consensuada. Participan de ese equipo de trabajo miembros de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto, obispos y sacerdotes, además de abogados, contadores y técnicos.

Los aportes a la Iglesia se basan históricamente en el artículo 2 de la Constitución nacional, que establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano" y la decisión de revisar el régimen es alentada incluso en muchos sectores católicos para ampliar la independencia de los obispos frente a los gobiernos de turno, anticiparon fuentes eclesiásticas.