La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada por Cambiemos Aída Ayala.

El tribunal adoptó la misma medida para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y el resto de los imputados en la causa conocida como "Lavado II".

Entre las disposiciones que ordenó el fallo, que lleva la firma de las camaristas María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá, se incluye la reactivación del pedido de desafuero de la legisladora ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La resolución confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la exintendente de Resistencia por los "delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real".

Según el informe del fiscal Patricio Sabadini, Ayala y sus presuntos socios conformaron una red de empresas afectadas luego por el Municipio de Resistencia para prestar servicio de recolección de residuos.

"En el mes de febrero del año 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida", puede leerse en el escrito judicial.

La empresa se creó el 30 de julio de 2013 y obtuvo el reconocimiento del Registro Público de comercio el 7 de marzo de 2014, siete días antes del cierre de la presentación de ofertas para recolectar residuos en la mencionada localidad chaqueña. Dentro de la composición societaria se encoraban Fátima Jessica Rigassio y Nidia Mabel Juárez, allegadas al jefe de campaña de la ahora diputada oficialista Daniel Alejandro Fischer y según la hipótesis de la Justicia, el emprendimiento contaba con el aval del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, que también se conviritó en socio PIMP SA a través de terceros.