La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó que siga la investigación en torno a los casos de torturas a ex soldados durante la guerra de Malvinas de 1982 por parte de militares tras considerar que, en caso de comprobarse las denuncias, se trataría de violaciones a los derechos humanos, por lo que encuadran como crímenes de lesa humanidad y no corresponde su archivo.

La resolución fue informada a la agencia Télam por el presidente de esa cámara chubutense, Javier Leal de Ibarra, quien recordó que "en una reciente resolución que se dictó por mayoría se confirmó un fallo en primera instancia que había dictado el juez federal de Río Grande (Tierra del Fuego), por el cual los presuntos delitos encuadrarían en violaciones a los derechos humanos y debe seguir investigándose".

La causa había sido apelada por la defensa de los militares y por eso recaló en la cámara de Comodoro Rivadavia que preside Leal De Ibarra e integran los magistrados Aldo Erico Suárez y Hebe Lilia Corchuelo de Huberman.

Como ocurre en la mayoría de las investigaciones penales complejas, esta causa que comenzó en el 2007 tuvo varias "idas y vueltas" en su tramitación que se inició por denuncias de los ex combatientes de Malvinas en ese juzgado de Tierra del Fuego que compete por cuestiones de jurisdicción.

“Nos daban culatazos y trompadas en la boca del estómago, o hacían un pozo en el hielo y nos obligaban a meter la cabeza en el agua helada", denunciaron los ex combatientes, quienes además hicieron referencias a "los estaqueos, donde nos ponían mirando para arriba, como crucicados bajo una lona que cubría el cuerpo y ahí caía frío, helada, nieve... y uno quedaba ahí, hasta que se levantaba la penitencia”.

La causa original había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras pasar por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara de Casación Penal con sede en el edicio porteño de Comodoro Py tras sucesivas apelaciones interpuestas por la defensa del militar, Jorge Eduardo Taranto.

"Pero esa misma causa se reactualizó con más denuncias y además se señalaron a otros militares, por lo que nos llegó en apelación nuevamente y se resolvió que siga la investigación para todos menos para Taranto, porque su situación es de cosa juzgada, según lo resolvió en su momento la Corte Suprema y así lo dejamos escrito en el dictamen", aclaró Leal de Ibarra.

El pedido se fundamentó en que “la aplicación generalizada de tormentos a la tropa resultó entonces la represión ilegal con la que las autoridades militares hicieron frente a los actos desesperados con que los conscriptos –verdaderas víctimas de la hambruna– reaccionaron ante tremendas penurias”.

Los relatos pertenecen a algunos de los 120 excombatientes de Malvinas que declararon como víctimas o testigos de torturas cometidas por al menos 95 militares, quienes eran simultáneamente sus superiores y verdugos durante el conicto con Gran Bretaña. 

Se estima que con el avance de la investigación serán más los ex soldados, que aún no han realizado su denuncia, que se presentarán ante la justicia para testimoniar.